El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (CENIE) ha presentado esta semana el informe «El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España», una investigación que plantea la necesidad de reconocer el Derecho al Cuidado como derecho social y de consolidar los cuidados de larga duración como cuarto pilar del Estado del bienestar. Para ello se centra en uno de los retos más importantes, el de la financiación, y analiza los datos económicos actuales y la inversión que debería realizarse a corto plazo para conseguir un sistema de cuidados maduro y sostenible, que tenga en cuenta tanto a las personas cuidadas como a los cuidadores.
Durante la inauguración, el director de CENIE, Juan Martín, advirtió de que el cuidado no es solo una cuestión de derechos, es también una cuestión económica de primer orden: «Cuidar está en la base de la economía. Los cuidados sostienen la vida cotidiana, hacen posible la participación laboral, condicionan la igualdad de oportunidades y explican una parte fundamental de la prosperidad, que no siempre aparece bien reflejada en las estadísticas».
De ahí la importancia de desarrollar informes de este carácter que permitan conocer la situación actual, también en el plano económico, para extraer conclusiones que se materialicen en recomendaciones aplicables por parte de la Administración Pública. Uno de los objetivos de la investigación, según reconoció Jorge Axó, co-director del estudio, es que pueda impulsar «cambios en políticas públicas que conviertan el bienestar en un activo y que refuercen el enfoque de inversión de los cuidados de larga duración y la estabilidad de la financiación».
La investigación ha suscitado interés en el sector de los cuidados, pero también en la Administración Pública. La presentación congregó a responsables del Ministerio de Derechos Sociales como el ministro, Pablo Bustinduy, o la secretaria de estado, Rosa Martínez; pero también al presidente del Conselho Económico e Social de Portugal, Luís Pais; la sudirectora general de Cooperación Territorial Europea, Mari Carmen Hernández, o el investigador de políticas de salud de la OCDE, Jacek Barszczewski.
Todos ellos compartieron experiencias y opiniones sobre el futuro de los cuidados de larga duración y los desafíos que entrañan. También comentaron cómo se está trabajando desde los distintos estamentos y países de nuestro entorno.
Situación actual del sistema de atención a la dependencia
El estudio reconoce que el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) ha experimentado avances significativos en los últimos años, pero mantiene limitaciones estructurales. Entre ellas destaca la lentitud en el proceso de acceso, el excesivo peso que tienen las prestaciones de cuidados en el entorno familiar, la insuficiente intensidad de algunos servicios, la dificultad para compatibilizar varias prestaciones y la persistencia de desigualdades territoriales.
Ante este diagnóstico, Nacho Álvarez, codirector del estudio, ha señalado que “España ha construido su Estado del Bienestar sobre tres patas (sanidad, educación y pensiones), pero la cuarta pata, los cuidados de larga duración, no ha avanzado al mismo ritmo. Renovar el Estado del Bienestar pasa por hacer efectivo el Derecho al Cuidado como un derecho exigible, en la realidad de las prestaciones y los servicios”.
Infrafinanciación del sistema: el primer reto
El primer reto que pone de manifiesto el informe «El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España» es la infrafinanciación. El sistema de autonomía y atención a la dependencia está financiado con en torno al 1% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que supone todavía una distancia muy notable con la media de la OCDE. En los países más avanzados de la OCDE se alcanza incluso el 3 y 4% del PIB.
En este sentido, Álvarez advirtió de que «no podemos tener cuidados de larga duración similares a los de los países más avanzados de nuestro entorno ni pretender tenerlos con una financiación que todavía mantiene esta brecha».
El camino que queda por recorrer es significativo. De cara a 2030, el estudio sostiene que mantener una inversión similar a la actual en dependencia, en términos de PIB, sería insuficiente para responder al cambio demográfico y podría ampliar la brecha de cuidados. Para cubrir el crecimiento previsto de las necesidades y avanzar hacia una cobertura universal, el informe estima necesario incrementar la inversión pública en el SAAD en torno a 0,6 puntos del PIB.
Según las estimaciones del estudio, ese aumento tendría también un efecto económico relevante: podría contribuir a la creación de 430.000 nuevos empleos y generar un incremento de los ingresos públicos equivalente a 0,30 puntos del PIB.
Reconomendaciones del informe
Las recomendaciones del informe se articulan en torno a cinco grandes ejes: reconocer jurídicamente el Derecho al Cuidado; establecer objetivos de reducción de la brecha de cuidados; aumentar de forma sostenida la financiación pública; mejorar la gobernanza y la equidad territorial del SAAD; y transformar el modelo hacia una atención más profesionalizada, domiciliaria, comunitaria y centrada en la persona.
El informe «El Derecho al Cuidado y la Economía de los Cuidados en España» es el resultado de un año de investigación y trabajo coordinado entre varias universidades españolas, como la Universidad Compluntense de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Salamanca, así como de otros centros de investigación y fundaciones.
