En cuanto a los trabajadores, se realizará una prueba diagnóstica ante una nueva incorporación o tras el regreso de una ausencia mayor de 15 días, al margen de su situación vacunal. Pese a que no sea obligatorio, se va a recomendar el uso de mascarillas en interiores y se insiste en la importancia de la correcta ventilación de los espacios.
El régimen de visitas se mantiene, aunque extremando las precauciones, igual que en las salidas. Todo ello en la búsqueda de un equilibrio entre la protección y la humanización de un espacio muy azotado por el virus en olas precedentes.
Las actuaciones, que forman parte de un proceso abierto, van en la línea también de las recomendaciones debatidas en el seno del Consejo Interterritorial. Además, han sido compartidas en las reuniones que, con periodicidad mensual, se llevan a cabo con las asociaciones Lares y Anea, con quienes -además de con los centros de discapacidad- ambos departamentos prevén un encuentro formal en próximas fechas para seguir actualizando el abordaje integral y nuevas medidas.
Derechos Sociales también va a ampliar, de 14 hasta 24, las plazas del recurso intermedio para permitir aislamientos. Por su parte, Salud facilitará de forma priorizada el mantenimiento y actualización de la protección vacunal en este sector que, por su vulnerabilidad frente a la infección de COVID-19, es considerada “absolutamente prioritaria” en la gestión de la pandemia.
La extensión de la vacunación, mayoritaria en el ámbito sociosanitario con índices de cobertura muy elevados, había permitido hasta julio reducir el nivel de contagios, ingresos y fallecimientos hasta parámetros muy bajos y lejanos de olas anteriores.
No obstante, como ha sucedido en el contexto general, el comportamiento del virus (nuevas cepas, etc.) y el incremento de la interacción social y movilidad, unido a cierta relajación social de las medidas de protección individual y colectivas, han motivado que tanto a nivel interdepartamental como de los titulares de los centros se reactiven y refuercen los instrumentos de prevención y protección, aunque de forma selectiva y proporcionada para preservar también la situación humana y emocional de este colectivo y las propias familias.
El Departamento de Salud lo ha hecho en sus tres líneas básicas:
El Departamento de Derechos Sociales informa de que, desde el pasado 9 de agosto, se ha registrado un incremento de 23 casos positivos activos más por COVID-19 entre personas residentes en centros de mayores. En total, el número de casos activos asciende a 100 y afecta a 6 centros residenciales.
Recientemente, se ha conocido un nuevo fallecimiento por COVID-19 de una persona residente, lo que eleva a 5 las personas fallecidas en la quinta ola de la pandemia.
De las 100 personas afectadas, 80 cursan la enfermedad en su centro residencial (18 permanecen asintomáticas, 62 con síntomas), 13 están en el recurso intermedio, 6 están ingresadas en centros hospitalarios y 1 en su domicilio.
En los centros residenciales de personas con discapacidad hay dos casos activos por COVID-19.
Extremadura supera la media nacional en cobertura residencial para mayores, con 5,28 plazas por cada…
La Fundación ADINBERRI ha inaugurado Bibetoki en Lezo, promoviendo el diálogo sobre la longevidad y…
La atención al cliente y la hospitalidad son fundamentales en diversos sectores. La Universidad de…
La Universidad de Málaga presenta la primera escala de prevención de la dependencia, un cuestionario…
El presidente de Castilla y León firmó el "Pacto por las Familias" con 45 entidades…
Investigadores de la Universidad de Málaga desarrollan robots sociales de asistencia autoadaptativos en la residencia…