Clece
Los servicios sociales en la encrucijada
Cristóbal Valderas, presidente de Clece
Un contexto normativo desfavorable marca un futuro incierto para los servicios sociales de empresas a las que la Administración confía esta labor mediante una licitación pública.
Urge solventar la infrafinanciación de la Ley de Dependencia. El Estado sigue sin cumplir su compromiso de sufragar el 50% de su coste, porcentaje que 18 años después ronda el 38%, insuficiente para afrontar la creciente demanda. Cerca de 300.000 personas están a la espera de que se valore su solicitud o de recibir una prestación como el SAD.
Las profesionales del SAD se han visto afectadas por un Real Decreto que las equipara en materia de seguridad y salud laboral a las trabajadoras del hogar. Patronales y sindicatos denuncian que se confunden ámbitos laborales y profesionales muy distintos. Este Real Decreto atribuye a las adjudicatarias el coste de las modificaciones en el domicilio de los usuarios para garantizar la prestación del servicio de manera segura, lo que supone un gasto adicional para las empresas.
Y llegamos así a la Ley de Desindexación, que impide a las adjudicatarias repercutir a la Administración los sobrecostes derivados de factores exógenos, incluso aquellos provocados por medidas aprobadas por el Gobierno, como la subida del SMI, el incremento de las cargas sociales o las repercusiones de la posible reducción de la jornada.
Es vital revertir la situación. Seguiremos trabajando por la defensa de un marco normativo justo y por una financiación adecuada para responder a los desafíos de los servicios sociales.
