Todos los que nos dedicamos al sector sociosanitario somos conscientes de la relevancia del Reto Demográfico. Hay decenas de documentos en España y Europa que analizan esta situación, junto con la menor natalidad, la evolución de la estructura familiar y el aumento de la esperanza de vida. Ante esto, seguimos echando en falta un plan consensuado, común a las diferentes comunidades, cuantificado y estable en el largo plazo.
Un plan consensuado debería permitir poner negro sobre blanco las más de 100.000 camas de residencias que se van a necesitar en 2030 en España y las más de 350.000 que se puede prever que serán necesarias en el año 2050, si se mantiene consistente la prevalencia de la alta dependencia y asumiendo como ratio que el 15 % de las personas mayores de 80 años van a necesitar este tipo de recurso sociosanitario, como sucede en este momento. De lo contrario, sabemos que las personas mayores acaban en las urgencias de los hospitales de manera reiterada, ocupan camas de Medicina Interna el doble del tiempo que lo hace una persona de 30 a 34 años y que la atención acaba siendo ineficaz e ineficiente, disparando su coste, que es diez veces mayor en un hospital que en una residencia.
¿Qué alternativas tenemos?
No hay duda de que las mejoras tecnológicas y de atención en el domicilio, tanto en el ámbito social como sanitario, son una respuesta que contribuye a que estemos más tiempo en el lugar donde nos sentimos más cómodos: en nuestra casa. Dicho esto, aun considerando que estuviera disponible un todavía inexistente Continuo Asistencial Sociosanitario conectado y con Historia Clínica Compartida, la alta dependencia sigue requiriendo un apoyo especializado y continuado diario. Enfermedades altamente invalidantes como el Alzheimer siguen manteniendo una prevalencia elevada de más del 17 % de personas con 80 o más años (5 % de media en mayores de 65 años), que es consistente en toda Europa. En esos casos, vamos a seguir necesitando infraestructuras adecuadas para cuidar y atender a las personas con una mayor fragilidad de nuestra sociedad.
¿Es viable dar respuesta a este reto?
La respuesta es poliédrica y compleja, pero si nos referimos a si nuestra sociedad es capaz de captar los recursos para ponerlos al servicio de la solución, estoy convencido de que sí, si se dan determinadas circunstancias. ¿Cuáles? En primer lugar, asumiendo que la colaboración público-privada no es un elemento aspiracional falto de descripción que debamos ver cómo abordar. En este momento, el 74 % de las 389.000 camas existentes son propiedad de la iniciativa privada y están gestionadas por esta. De estas, el 42 % cuentan con un concierto público. Del mismo modo, el 61 % de las plazas de titularidad pública (26 %) están gestionadas por empresas privadas.
Elementos de colaboración público-privada
La colaboración ya existe, pero puede mejorar si se establece un marco de colaboración claro y estable en el largo plazo, que cuente con varios elementos:
- Es fundamental disponer de un marco de colaboración transparente en el que se separe la planificación de la dotación (cuántos recursos y dónde) de la provisión (quién paga la plaza, dependiendo del sistema de protección social y la disponibilidad económica de los usuarios y sus familias).
- Una definición concreta del continuo asistencial y las características de cada recurso, con visión sociosanitaria y con infraestructuras que permitan tamaños con economías de escala (120-150 plazas en el caso de las residencias para personas mayores) y que eliminen exigencias como plazas de aparcamiento para un número determinado de usuarios, que encarecen el coste de construcción de manera superflua.
- Poner realmente al usuario en el centro y permitir cierta flexibilidad en la configuración de los espacios o la dotación de unidades de convivencia para permitir su adecuación al perfil de residente de cada zona.
- Ratios de personal concretas, comunes, suficientes, pero también viables.
- Concertación estable y que se actualice anualmente con el IPC y los costes de Recursos Humanos cuando haya cambios en los convenios colectivos.
- Modelos jurídicos que permitan la cesión de suelo finalista que mejore la accesibilidad a recursos asistenciales donde más se necesitan y para abaratar el coste de la plaza. Permitir la hipoteca del edificio y la separación de la propiedad del bien y la gestión del servicio en dos entidades jurídicas diferentes.
- Un plan para garantizar la disponibilidad de profesionales para el sector, incluyendo la homologación ágil de títulos.
- Concursos públicos de gestión que tengan en cuenta la propuesta asistencial y no solo el menor precio.
- Un sistema de inspección pública transparente, con actas que se publiquen en abierto, como sucede en países como Irlanda, donde además los criterios son los mismos para los centros privados, los públicos y los gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
- Gestión integrada social y sanitaria, planteando el módulo sanitario en las residencias. Somos el único país de Europa que no introduce este tipo de colaboración en los centros sociosanitarios, dificultando la continuidad asistencial y la gestión del caso de una manera integrada.
¿Debe asumir la Administración Pública el reto de la respuesta?
La gestión de la Administración tampoco es gratis: en un escenario de un 108 % de deuda sobre el PIB y un déficit anual del 3,8 %, la financiación del bono español a 10 años está en torno al 3,3 % y contamos con una estructura laboral pública que está por encima del 13 % sobre el total de la población activa ocupada.
España necesita un plan urgente, común, eficaz y que cuente con la colaboración público-privada como un aspecto fundamental
En el ámbito privado, las estructuras financieras con visión de largo plazo ofrecen rentabilidades de en torno al 4 %, en instrumentos como las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) que, además, tienen la obligación de distribuir el total de los beneficios, los cuales tributan un 19 % de impuestos. Sus costes de construcción y creación de nuevos recursos especializados tienen, de media, un menor coste, de entre el 38 % y el 40 %, con respecto al coste final de licitaciones públicas. Esto implica que el coste de la creación de nuevas plazas en el ámbito privado esté de media en España en unos 85.000 euros con respecto a los 115.000 euros cuando es de promoción pública.
Y todo ello sin comparar los precios de concierto de plaza de gestión privada de entre 65 y 95 euros/día, que contrastan con informaciones que indican costes de más de 250 euros/día por el mismo recurso asistencial y sin contar este número con la amortización del edificio, que en el ámbito privado está alrededor del 15 % del precio de la plaza.
Una respuesta conjunta en pro del bien común
En definitiva, España necesita un plan urgente, común, eficaz y que cuente con la colaboración público-privada como un aspecto fundamental. El ámbito privado tiene capacidad para ayudar, pero es fundamental tener un marco claro para poder dar una respuesta conjunta en pro del bien común. Cada vez se reduce más el tiempo disponible para reaccionar.
