Ceaps entiende que es el momento de que todos los representantes políticos en el congreso, por unanimidad, eliminen una “discriminación histórica” que han venido sufriendo las personas mayores desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia.
La presidenta de Ceaps, Cinta Pascual, que ha mantenido contactos durante las pasadas semanas con todo el arco parlamentario, celebra y agradece la presentación de estas enmiendas y añade que es de “justicia social” que todas las personas que por su pérdida de autonomía personal necesitan vivir en residencias, acuden a un centro de día o reciben cuidados en el entorno familiar “paguen el mismo tipo de IVA”.
Aunque en 2018 se logró una rebaja del IVA, no todas las personas mayores en situación de dependencia podían beneficiarse por igual. A este respecto, la presidenta de Ceaps sostiene que no es posible que exista aún una doble velocidad y que las personas que se encuentran en el limbo sufran una discriminación económica.
Y es que se da la paradoja de que el sector de la dependencia es el único, tal y como recoge la propia Ley, con dos tipos de IVA diferentes en función de quien sea el que pague la factura: un 4 % si quien la abona es la Administración Pública y un 10 % si quien paga es una persona a título individual.
“Esta situación es injusta para las personas dependientes que requieren atención y asistencia profesional y que aún no han logrado acceder al Sistema público de Dependencia, es decir, están en el limbo”, sostiene Pascual, quien recalca el “enorme perjuicio económico que eso conlleva”.
A modo de ejemplo, Cinta Pascual explica que se puede dar el caso de que dos amigas que compartan habitación en una residencia paguen diferentes tipos de IVA por idéntico servicio y cuidados. Una abonaría un 4 %, porque ha tenido acceso a la plaza a través de la Ley de Dependencia, y la otra un 10 %, porque aún no ha conseguido que se le reconozca el grado de dependencia y/o la prestación correspondiente o bien porque está a la espera de que se le adjudique el servicio a pesar de tener reconocido el grado de dependencia. La diferencia es de un 6 %.
“No se trata simplemente de corregir una anomalía fiscal, sino de hacer justicia social”, subraya Pascual; mientras recuerda que muchas personas dependientes no pueden esperar a que se les asigne un servicio y, mientras permanecen en el limbo, deben buscarlo por su cuenta. Lo que se encuentran es que, además de asumir el pago íntegro del servicio, sin la ayuda pública que les corresponde, tienen que pagar un 10 % de IVA, es decir un 6 % más que aquel que ya reciben la prestación.
Ceaps celebrará un encuentro para ratificar el compromiso de todo el sector ante todos los grupos políticos para hacer oír la voz de los mayores mediante la adhesión a un manifiesto, como ya se hizo en el año 2018, que logró la unión de más de 100 organizaciones y con el que se logró una equiparación parcial.
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