La posibilidad de un nuevo documento permite estudiar un plan económico que solucione la infrafinanciación que sufre históricamente el sistema y las comunidades autónomas a 5 o 10 años. El Estado debería poner 1.000 millones de euros anuales para hacer una buena planificación y despliegue de la Ley de Dependencia para todos los servicios del SAAD (centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia). Además, se lograría acabar con el limbo de la Dependencia y la eliminación de la lista de espera que, actualmente, está en una media de 438 días para la tramitación del expediente.
Se abre, de nuevo, una oportunidad para trabajar el número de plazas que deben tener las unidades de convivencia para hacerlas viables y con la calidad de vida que desean las personas mayores. También el de plazas de los centros, con criterios objetivos y técnicos (no por población o por ubicación en suelo rural o urbano), sino por necesidad y viabilidad.
Ceaps considera, además, que es básico que se retire el carácter retroactivo, ya que la nueva norma debería tener efecto en el momento de la aprobación para los nuevos proyectos.
Defendemos el derecho a que las personas mayores elijan dónde desean vivir y qué servicios desean recibir, con una apuesta sólida por la calidad de todos los servicios y una mejora en las condiciones laborales de los profesionales del sector.
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