El Gobierno está reforzando con casi de 200 profesionales las residencias que gestiona. El nuevo personal se está incorporando a los 17 centros públicos de atención a la gente mayor y personas con discapacidad con el fin de fortalecer las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. Este refuerzo contribuye a garantizar los derechos de las personas usuarias, implementando los protocolos, planes y otras acciones que permitan asegurar las condiciones de salud y mantener una atención individualizada de calidad.
Las tareas que desarrolla el nuevo personal están vinculadas a la adopción de medidas para hacer frente a la crisis sanitaria de la COVID-19. En concreto, la implementación de protocolos de actuación en los centros residenciales para garantizar las medidas de prevención, las sectorizaciones para prevenir y luchar contra la propagación de la enfermedad entre las personas usuarias y el personal; la instauración de espacios para confinamiento y la configuración de las residencias públicas como centros que reciben usuarios derivados de otros servicios.
Esta actuación se suma al plan de contingencia presentado el verano pasado por el departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y el de Salud dirigido al conjunto de centros del país, independientemente de la titularidad.
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