Cataluña aprueba un decreto ley para proteger las residencias de posibles rebrotes

El Gobierno de la Generalidad de Cataluña continúa centrado en la lucha contra la pandemia del COVID-19 intentando paliar sus efectos sanitarios, económicos y sociales. Por ello, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, ha anunciado la aprobación del Decreto ley de medidas presupuestarias en relación a los servicios sociales de carácter residencial y de atención diurna, que hace posible el Plan de Contingencia para proteger el ámbito residencial de posibles rebrotes.

La consejera Budó explicó que «el plan incluye financiación y medidas protectoras para los centros residenciales y los de atención diurna de personas mayores, personas con discapacidad y con problemática derivada de enfermedades mentales» y «representa una inversión de recursos, para los próximos seis meses de 50 millones de euros».

196,30 euros adicionales mensuales por plaza

Para garantizar las nuevas medidas de seguridad y protección de las personas residentes, se ha aprobado un aumento de tarifas. En concreto, los servicios sociales de carácter residencial de la red de atención pública de personas mayores y para personas con discapacidad física o intelectual, desde el 1 de julio de 2020 y mientras dure la situación de emergencia derivada del COVID-19, cobrarán 196,30 euros adicionales mensuales por plaza.

La consellera ha subrayado que «el dinero se deberá destinar al refuerzo del personal de atención directa, principalmente gerocultor y personal auxiliar, por los costes adicionales para la compra de material de protección EPI y la intensificación de las medidas adicionales de higiene relacionadas con el COVID-19″. En el caso de hogares residencia, el aumento será de 62,80 euros adicionales mensuales por plaza.

Mejorar la capacidad de los servicios residenciales

Por otra parte, el Decreto prevé mejorar la capacidad a los servicios residenciales acreditados de personas mayores. En este sentido, «las residencias dispondrán de una reserva de plazas libres de ocupación que se acordarán con los referentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y del Departamento de Salud, por cada ámbito territorial de acuerdo con la situación y características de las residencias». El Gobierno garantizará la financiación de estas plazas mientras permanezcan vacías.

Siguiendo en esta línea, los centros de día de personas mayores de la red de atención pública percibirán 60 euros adicionales por usuario y mes, correspondiente al refuerzo del personal auxiliar de atención directa y en la compra de EPI y medidas adicionales de higiene relacionadas con el COVID-19.

En el caso de los centros de día de terapia ocupacional y los centros de atención especializada para personas con discapacidades, percibirán 62,80 euros adicionales por usuario y mes. Y los centros de día ocupacionales de inserción (SOI) para personas con discapacidades cobrarán 31,40 euros usuario mes.