La consejera de Derechos Sociales e Inclusión de Cataluña, Mònica Martínez Bravo, ha presentado un paquete de medidas para mejorar la gestión del proceso de reconocimiento de la dependencia y la discapacidad y reducir su tiempo de espera. El plan tiene una dotación de 2,3 millones de euros y pone el acento en simplificar y digitalizar procesos y mejorar las condiciones de los equipos profesionales.
El plan señala como uno de los principales problemas en resolver la carencia de digitalización y de interconexión de los sistemas de dependencia y discapacidad. Otras problemáticas detectadas son: que un 28% de las solicitudes de dependencia terminan sin grado reconocido; las dificultades para encontrar profesionales para los equipos valoradores y la existencia de un único sistema de valoración para la discapacidad en el que coinciden solicitantes con perfiles y necesidades muy diferentes.
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