Castilla y León aprueba una nueva Ley de Residencias

Castilla y León ha aprobado el nuevo proyecto de Ley del Modelo de Atención en Centros de Carácter Residencial y Centros de Día para Cuidados de Larga Duración. Esta nueva Ley apuesta por el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP), regulariza la historia de vida, las unidades de convivencia, así como el tipo de personal que debe atender a los usuarios.

Esta Ley de Residencias y Cuidados afectará a las más de 72.000 plazas (72.634) que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a personas mayores y personas con discapacidad.

Su finalidad es garantizar los derechos de las personas que viven en los centros de carácter residencial y en los centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración para personas en riesgo o situación de dependencia y de las personas con discapacidad, revisando el modelo actual para adaptarlo a los nuevos tiempos.

Su esencia se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.

Calidad de vida para sí mismo

La cuestión es si lo que estas personas con apoyos, desde sus propios valores, estiman lo que es calidad de vida y digno para sí mismo. Es decir, el modelo que desarrolla esta ley debe ser capaz de identificar qué cuidados y cómo los quiere recibir cada persona, respetarlos y apoyarlos.

Por otra parte, el desencadenamiento de la pandemia puso de manifiesto la necesidad de incorporar nuevos planteamientos, que se han incorporado en el texto de la Ley, en el diseño de los centros, tanto a nivel de instalaciones como de atención al usuario, que permitiera evitar o, al menos, combatir de forma adecuada una situación extraordinaria por causas de salud pública.

Actualmente, en Castilla y León hay 622.101 personas mayores de 65 años, de las cuales 218.853 tienen 80 o más años. Esto supone que más del 35% de la población tiene 65 o más años. Para atenderlas, hay 54.600 plazas (48.791 residenciales y 5.809 en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente (plazas públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia).

Ante este número de plazas, Castilla y León cuenta con la mayor cobertura de España tanto en plazas residenciales como en plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84%, muy por encima de la media nacional (4,19%). De hecho, es la única comunidad autónoma que alcanza la ratio 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años con plazas de financiación pública (6,04%). Es decir, casi 8 de cada 10 ingresos en plazas residenciales cuentan con ayuda pública, + de ¾ partes.

Atención a mayores y con discapacidad

Por su parte, hay 174.577 personas con discapacidad en Castilla y León, un 7’36% de su población. El Sistema Social de la comunidad cuenta con 18.034 plazas para la atención a personas con discapacidad (5.164 residencias, 2.232 viviendas, 10.638 Centros de Día), distribuidas por 825 centros. Según el Índice DEC 2021, la CCAA tiene el mejor ratio de España de plazas residenciales y centros de día u ocupacionales para personas con discapacidad.

A pesar de estas cifras, la Junta no considera suficiente tener la mejor cobertura del país en plazas para la atención de personas mayores y con discapacidad. Se debe, además, contar con centros de larga estancia de calidad, centrados en las necesidades y deseos de sus usuarios, y cuyos aspectos claves deben estar regulados normativamente.

La participación de un grupo de trabajo

Se constituyó un grupo de trabajo para la propuesta y estudio de todos los aspectos relacionados con la atención y la elaboración del texto de la ley, en el que han participado una amplia representación de agentes interesados en aportar su visión a un nuevo modelo de atención residencial.

Un grupo de trabajo que ha incluido a representantes del sector, de los profesionales, las entidades locales, los usuarios, de las organizaciones sindicales y patronales, y de los grupos parlamentarios, que ha contado con la participación de expertos en las diferentes materias abordadas.

Fueron convocadas diez sesiones de trabajo, consistentes en otras tantas mesas, en las que participaron como ponentes los principales expertos en cada uno de los ámbitos que se fueron abordando: el fundamento ético de la atención integral y centrada en la persona, la perspectiva laboral, la de las entidades proveedoras de servicios, la de los colegios profesionales, la arquitectura necesaria para los nuevos centros, la atención sanitaria, la visión de los usuarios y la perspectiva política.

Centros que se convierten en viviendas

La Ley pone en valor que los centros son la vivienda de las personas y no son centros sanitarios, que éstos deben estar constituidos por unidades de convivencia con ambiente y tamaño de un hogar familiar, continuando con el desarrollo del modelo promovido por la Junta en estos últimos años.

Asimismo, destaca que las ratios de los profesionales que presten los apoyos en los centros residenciales deben contar con la formación adecuada y ser suficientes en número para garantizar la calidad de vida de los usuarios. A su vez, el sistema sanitario público debe garantizar el acceso de los residentes a los servicios del sistema de salud, en equidad con el resto de la población.

Plan de eliminación de sujeciones

La ley promueve y regula una atención libre de restricciones basada en el reconocimiento del derecho de las personas usuarias a ser atendidas sin ningún tipo de restricción. En este ámbito, se garantizará el derecho a recibir una atención libre de restricciones, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley. Este derecho implicará que, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, todos los centros que cuenten con alguna persona usuaria al que se le esté aplicando alguna restricción que no tenga la consideración de actuación de urgencia, deberán desarrollar e implantar un plan de eliminación de sujeciones en el centro.

Además, se establece un Proyecto de Vida documentado, para que la persona pueda desarrollar su proyecto de vida, de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros.

Para poder llevarlo a cabo, acompañando a la persona atendida por profesionales coordinados, se asignará un profesional de referencia a todos los residentes y un gestor de caso para la coordinación entre los residentes, la familia, el propio profesional de referencia y el resto de los profesionales.

Es necesaria la coordinación y colaboración entre el Sistema público de Salud y el Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, en línea con una concepción integral de la atención debida a los usuarios de ambos sistemas.

Los centros residenciales se organizarán en unidades de convivencia, con un máximo de 16 plazas, con entornos íntimos y acogedores que resulten una continuidad del hogar y de la vida cotidiana, facilitando la socialización entre residentes. Además, se incluye el concepto de habitación como espacio privado de la persona usuaria, que solo será compartido si así lo desea.

Innovación y formación

La Ley apuesta por la innovación y calidad con una evaluación continua de la calidad de los servicios residenciales, del desarrollo de estándares de calidad, la elaboración de guías de buenas prácticas, promoviendo actividades formativas especializadas y la sensibilización social, en especial, la formación de profesionales. Además, dispone que los centros tendrán que elaborar un plan anual de formación. Los centros deberán someterse periódicamente a una evaluación de calidad como garantía del cumplimiento por parte de todos los agentes que intervienen en el proceso, de la obligación de prestar servicios de calidad que protejan los derechos de los usuarios.

Influencia en los centros

Los centros mantendrán la acreditación otorgada si la recibieron con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, mientras que desde este momento se continuará con el desarrollo de la acreditación del resto de centros, así como podrán conservar las características arquitectónicas básicas por las que fueron autorizados. A partir de ahora deberán estar ubicados en suelo urbano.

Respecto a la implantación de un sistema de calidad, se da un plazo de un año para su establecimiento en los centros de carácter residencial y centros de día para cuidados de larga duración.

Ninguna persona quedará privada del acceso a las prestaciones que le pudieran corresponder por falta de recursos económicos, ni se condicionará la calidad del servicio o la prioridad o urgencia de la atención a la participación económica.

Proyecto piloto “En mi Casa”

En este nuevo modelo de atención residencial ya están trabajando desde hace tiempo a través de un proyecto piloto denominado “En mi casa” y los centros residenciales de la comunidad están siendo objeto de una progresiva transformación orientada a su organización en unidades de convivencia, compartiendo servicios y metodologías de atención y cuyo referente es el modelo de Atención Centrada en la Persona.

Actualmente en Castilla y León ya existen 200 unidades de convivencia (estimación) en centros residenciales que permitirán avanzar en una senda de transformación del cuidado a los mayores.  Además, se está llevando a cabo un Plan de Formación específica y capacitación práctica en el nuevo modelo de atención centrado en la persona para todos los profesionales implicados, desde los profesionales que atienden a los mayores hasta los gerentes y directores, de los centros de Lares, Acalerte y de la Gerencia de Servicios Sociales.

En este sentido, se han formado a casi 1.500 profesionales (715 profesionales de atención directa y 709 directores y técnicos). Durante 2024 se retomará la formación para el personal de atención directa de los centros. Se impartirán un total de 45 cursos de forma presencial en los propios centros: 18 cursos en centros pertenecientes a Lares, 2 en cada provincia; y 27 cursos en centros de Acalerte, 3 en cada provincia.

Asimismo, se dotará de formación imprescindible para los profesionales porque el nuevo modelo de atención integral centrado en la persona, en sus necesidades y preferencias, supone una nueva forma de entender los cuidados de larga duración, con cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales: cambios en el rol de los profesionales y cambios ambientales y estructurales de los centros residenciales: con la creación de unidades de convivencia que replican el tamaño y el ambiente del hogar familiar.

Formación para la atención libre de sujeciones

Uno de los pilares fundamentales de este nuevo modelo es que las personas atendidas en centros de carácter residencial tienen derecho a no estar sujetos a ningún tipo de restricción por lo que el modelo, basado en la calidad de vida, en el respeto a la dignidad y a la autodeterminación de las personas promueve la atención libre de sujeciones.

Por ello, una de las formaciones específicas más relevantes es el de la atención libre de sujeciones, que ya está en marcha en los centros de personas mayores y de personas con discapacidad para que los equipos asistenciales de estos centros aprendan a cuidar sin sujeciones y guiarles en este tipo de cuidados. Tres fundaciones especializadas en este tipo de cuidados, Cuidado Dignos, Dignitas Vitae y María Wolff, será las encargadas de llevar a cabo esta formación, cuya 1ª convocatoria a los centros ya se ha realizado, habiéndose inscrito 409 centros de la Comunidad, estando previsto su inicio próximamente.