La Administración General del Estado y Castilla-La Mancha han firmado un convenio por el que dedicarán 83 millones de euros al Sistema de la Dependencia regional, cada parte un 50 % de la suma total.
La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha manifestado que este acuerdo respaldará apersonas con grado de dependencia reconocido y a las receptoras de alguno de los servicios o ayudas del Sistema de Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha, que en la actualidad superan los 75.000. «Además, posibilitará la inclusión de otros 4.000 nuevos usuarios y 7.000 prestaciones a un sistema de dependencia que destaca como el mejor evaluado en el país», informó la portavoz.
De acuerdo a Padilla, el presente acuerdo implica una contribución de 41,5 millones de euros por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y otros 41,5 millones por la Administración General del Estado. Este tratado se enmarca en el Marco de Cooperación Interadministrativa y establece los parámetros para el ejercicio del año 2024, con el propósito de fijar los objetivos y recursos para implementar los servicios y definir las responsabilidades de ambas partes, según ha señalado la portavoz.
Ha adelantado la consejera que el objetivo del acuerdo es financiar los gastos de inversión y operación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), reducir la lista de espera y agilizar la gestión administrativa, mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales del personal del SAAD, tal y como se ereflexionó en el último Encuentro con BALANCE. Asimismo, se contempla la financiación de soluciones innovadoras en el ámbito de los servicios sociales, como el programa ‘SEPAP-MejoraT’, un sistema de atención personalizada y líder en Castilla-La Mancha para las personas dependientes. «Este modelo va más allá de las prestaciones básicas al ofrecer servicios de atención psicológica, terapia ocupacional, fisioterapia y mejora de la psicomotricidad «, explicó Padilla.
Sobre el pacto anunciado, la portavoz ha destacado que dicho pacto se reanudó, dado que durante la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy se suprimió el nivel acordado con las autonomías para mantener el Sistema de Dependencia. Esto provocó que, desde el año 2012 hasta el 2021, las autonomías tuvieran la responsabilidad exclusiva del gasto. «Tampoco Cospedal exigió una reinstauración del financiamiento», ha enfatizado Padilla, quien ha señalado que el presidente Emiliano García-Page no solo recuperó el acuerdo, sino que incrementó la inversión de forma progresiva; pasando de 32 millones en 2021 a 83 millones en 2024.
Durante su intervención, Esther Padilla reafirmó que en el ámbito nacional, Castilla-La Mancha encabeza el Sistema de Dependencia. En realidad, el Observatorio Estatal de la Dependencia califica el sistema castellanomanchego con la calificación más alta, un 8,3, mientras que en 2015 la región lo suspendía, según reveló Padilla. Además, reveló que el «secreto» fue incluir a 40.000 nuevos beneficiarios.
Resalta también la clasificación del IMSERSO, una entidad que posiciona a Castilla-La Mancha como la tercera región autónoma en procesar de forma más rápida la evaluación de la región, con 195 días desde la petición hasta la asistencia.
Principalmente, la prioridad de la portavoz regional ha sido destacar que para este año 2024, el presupuesto destinado a Dependencia era de 624 millones, de los cuales el 70 por ciento es financiado por la Comunidad Autónoma. «A pesar de los problemas de financiación, la clave es la determinación política que mostró el Gobierno del presidente García-Page desde el primer momento en proteger a las personas más vulnerables, las cuales no podían ser ignoradas como ocurrió en la legislatura anterior», afirmó Padilla. Esta implicación se refleja, a su vez, en un aumento de 371 millones de euros en 2015 a 624 millones de euros en 2024, según se detalló.
«Al llegar al Gobierno, nos encontramos con más de 26.000 expedientes sin procesar almacenados», ha destacado Padilla que en Castilla-La Mancha, la atención ha aumentado de 34.698 personas atendidas en 2015, a más de 75.000 en octubre de 2024; al igual que las prestaciones, de 47.160 otorgadas a más de 100.000 en octubre. «Hemos reducido la lista de espera en un 90 por ciento, por lo tanto, las evaluaciones del Observatorio y del IMSERSO no son coincidencia», concluyó Padilla.
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