Castilla-La Mancha elimina el “limbo de la dependencia” y refuerza la garantía de derechos

Castilla-La Mancha elimina el “limbo de la dependencia” y refuerza la garantía de derechos.
Castilla-La Mancha elimina el “limbo de la dependencia” y refuerza la garantía de derechos

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reivindicado este viernes, durante la mesa de debate ‘El Bienestar Social y la Humanización de los Cuidados en Tiempos de Cambio’ del V Foro Económico organizado por El Español Castilla-La Mancha, la transformación del sistema público de dependencia en la región, tras haber reducido en un 97 % el denominado “limbo de la dependencia”, un desfase que durante años supuso retrocesos en derechos y atención a las personas más vulnerables.

Durante su intervención, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano ha explicado, uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de Emiliano García-Page es revertir esa situación y recuperar derechos. La eliminación práctica de ese limbo no es fruto de una medida aislada, sino de una estrategia sostenida basada en más financiación, más profesionales y una mejora constante de la gestión administrativa.

Actualmente, Castilla-La Mancha atiende a más de 82.000 familias, gestiona 118.000 prestaciones activas y resuelve los expedientes en 165 días, frente a los 341 de media nacional. La región se sitúa así entre las cuatro comunidades autónomas que cumplen el plazo legal de seis meses establecido en la normativa estatal para el reconocimiento y asignación de recursos.

Impulso frente a la infrafinanciación

Además, la titular de Bienestar Social ha abordado la infrafinanciación estatal del Sistema de Dependencia, asegurando que Castilla-La Mancha lleva “muchos años reclamando y reivindicando que por parte del Estado se apueste por la dependencia, como apostamos en Castilla-La Mancha”. Aun así, la consejera también ha reconocido que se han producido crecimientos en los últimos años, aunque ha advertido de que “son todavía insuficientes”.

Ante este escenario, ha señalado que las comunidades autónomas pueden optar por “plantarnos y no dar las atenciones” o seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía. “Y eso es lo que hacemos en nuestra Comunidad Autónoma”, ha afirmado, subrayando que en los últimos diez años el compromiso es especialmente intenso.

En este sentido, ha recordado que Castilla-La Mancha alcanzará en 2026 el mayor presupuesto de Bienestar Social de su historia, 953,1 millones de euros, con más de 692 millones destinados a dependencia, consolidando una apuesta sostenida por el sistema público pese al contexto de infrafinanciación.

Bárbara García Torijano ha compartido mesa con Icíar Ancizu, directora territorial de la Fundación ‘la Caixa’; Cristóbal Cuevas, representante de ILUNION VidaSénior; y Andrés Martínez, presidente del Grupo CECAP, en un foro centrado en los retos del sistema público de cuidados y su necesaria adaptación ante los cambios demográficos y sociales.

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