La consejera, que ha estado acompañada por el director general de Políticas Sociales, Julio Soto, ha indicado que los Servicios Sociales modernos deben ser un “sistema coordinado y planificado” durante periodos de tiempo lo suficientemente amplios como para evaluar su eficacia y lo suficientemente cortos para introducir cambios y nuevas políticas de intervención conforme a la realidad social lo exija.
Fruto de esta planificación es el Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia, que servirá como guía para priorizar las intervenciones “con el ánimo de garantizar la igualdad en el acceso de toda la población”. Este documento, que se puede consultar en la web www.serviciossocialescantabria.org, ha sido elaborado con “datos objetivos” teniendo en cuenta la propia prevalencia de la dependencia en la sociedad, la demanda de servicios y prestaciones de los usuarios y la proyección de la población por municipios del Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
Ana Belén Álvarez ha insistido en que hay que romper esta visión del bienestar social como una cuestión de gasto, como un asunto de ayuda al necesitado. “La inversión en Servicios Sociales, además de ser una cuestión de derechos, es una inversión en producción y en recursos, con retornos económicos”, porque detrás de cada programa o equipamiento de servicios sociales hay mucho empleo.
Ha recordado que el gasto público en un sistema de atención a las situaciones de dependencia “genera actividad económica, proporciona ingresos fiscales y empleo, ahorra prestaciones de desempleo y reduce gasto sanitario”.
Según se desprende de los datos del estudio, la población de Cantabria “decrece y envejece” y se da “un envejecimiento del envejecimiento”. Así, la previsión es que la población en situación de dependencia para 2027 se incrementará en casi un millar superando las 22.000 personas dependientes, de las cuales más de la mitad (12.500) tendrán 80 años o más.
“Para esta fecha, la población dependiente de Cantabria representará, por primera vez, el 4 % sobre el total de habitantes de la Comunidad. Es decir, se incrementará en casi medio punto con respecto al dato actual (3,6%)”, ha expuesto Ana Belén Álvarez.
En base a estos datos, la Consejería establece una planificación de recursos en las cuatro Áreas de Servicios Sociales: Santander, Laredo, Reinosa y Torrelavega y en sus 22 zonas básicas, con una previsión para cada tipo de recurso en base a dos hipótesis: una primera para mantener los niveles de cobertura actuales y una segunda para acercarnos a “niveles de excelencia”, tomando como referencia estándares de organizaciones nacionales e internacionales.
Según ha detallado el director de Políticas Sociales, en la primera hipótesis durante los próximos seis años será necesario crear en Cantabria 650 nuevas plazas residenciales de atención 24 horas y 173 de centro de día, mientras que con los cálculos de la segunda hipótesis esas cifras se incrementarían a 3.230 y 666, respectivamente. En este último caso, significa que se debe ampliar la red de plazas públicas de atención residencial para personas mayores hasta alcanzar las 6.300 plazas residenciales.
Este segundo escenario propone alcanzar una cobertura equivalente a 5 plazas residenciales públicas por cada 100 personas mayores de 65 años y el 1,18 % en plazas de centros de día, con una distribución que atiendan la demanda existente en las diferentes zonas.
De este modo, deberían crearse nuevos centros “preferentemente” en Santander, Marina de Cudeyo, Medio Cudeyo, Alto Asón, Costa Oriental, Bajo Pas y Altamira, y “en segundo orden” en Santa Cruz de Bezana, Camargo, Miera-Pisueña, Agüera-Bajo Asón, Transmiera y Villaescusa.
Además, se debería ampliar la red de plazas de atención diurna para personas mayores dotando de centros de día en todas las nuevas residencias, así como su promoción en Santander, Camargo, Piélagos, Trasmiera, Altamira
No obstante, Soto ha apuntado que en Cantabria existen 2.100 plazas privadas, parte de las cuales podrían concertarse.
También el Mapa contempla el desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para que los 1.376 usuarios a 1 de enero de 2020 se incrementen hasta unos 3.300 usuarios en 2027, alcanzando la cobertura media nacional (el 4,99%) con 1.900 nuevos usuarios.
Asimismo, se prevé un fuerte incremento de la teleasistencia para que los 2.162 usuarios actuales aumenten hasta unos 8.200 usuarios en ese mismo año, siendo la cobertura media nacional (del 10,4%), lo que supondría 6.000 nuevos usuarios.
Para las personas de menos de 65 años se prevé crear 90 plazas de atención residencial en unidades residenciales de pequeño tamaño (residencias de 24 horas, RSAB y viviendas tuteladas…), distribuidas por diferentes zonas básicas (Camargo, Piélagos, Cudeyo, Bajo Pas-Besaya, Altamira…), así como la redistribución de los diferentes recursos de atención diurna en las diferentes zonas básicas (Piélagos, Cudeyo,etc.).
En su exposición, el director general de Políticas Sociales ha recalcado que este estudio es una aproximación y que hay que analizar no los datos por área, sino que “hay que ir analizando los datos ayuntamiento a ayuntamiento, viendo el contexto en que se encuentran para afinar”.
La inversión necesaria para alcanzar estas tasas coberturas rondaría los 30 millones de euros, aproximadamente.
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