La consejera Melania Álvarez y la directora general de Planificación, Ordenación y Adaptación al Cambio Social, Jimena Pascual, se han reunido con las principales asociaciones de residencias privadas y han planteado una propuesta de ampliación en los ingresos que se trabajará de forma conjunta entre el Principado y las principales empresas privadas del sector. Esta proposición se derivará a Salud Pública para su valoración y análisis.
Además, se ha planteado un refuerzo de las comunicaciones entre los residentes y sus familias y una ampliación de las visitas. “En el nuevo escenario en que nos encontramos tras el proceso de vacunación, trabajaremos de manera coordinada y siempre desde la extrema prudencia, en la propuesta conjunta de la actualización del procedimiento frente a la COVID-19 en residencias de personas mayores y centros sociosanitarios”, ha afirmado Melania Álvarez.
La titular de Derechos Sociales también ha manifestado que desde su departamento se asumirán durante 2021 los costes de las pruebas PCR que se tengan que llevar a cabo en estos centros. En 2020, esta consejería financió con 2,3 millones el coste de estas pruebas diagnósticas para la detección de la infección por la COVID-19 en todas las residencias asturianas.
Durante la reunión, también se ha fijado una fecha para avanzar en el nuevo modelo de atención, en el que se está trabajando en colaboración público-privada dentro de la mesa Mares. Este órgano se reunirá el día 24 para presentar un documento base que recoja las principales líneas de actuación para adaptar la atención residencial al sistema de cuidados de larga duración.
Por otra parte, la consejera ha incidido en que, “al hilo del trabajo de la mesa Mares”, se aprovechen “las oportunidades que supondrá la financiación europea a la que tengamos acceso para fortalecer la colaboración público-privada. Una financiación que redundará en la mejora de la calidad del servicio asistencial de las personas mayores en Asturias”, ha añadido Melania Álvarez.
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