“Hablamos de todo tipo de plazas, es decir, con o sin financiación pública. Son todas. Por unos u otros motivos, la falta de viabilidad económica en muchas entidades es un hecho, y ello pone en serio riesgo de desaparición y cierre del servicio, precisamente, a las personas más vulnerables y golpeadas por la pandemia, nuestros mayores”, explican.
Además, aseguran que la Generalitat es perfecta conocedora de la grave coyuntura por la que atraviesan las residencias. Incluso, el presidente Joaquim Torra, en reuniones con el sector, “ha verbalizado su preocupación y ha prometido medidas que aún no han llegado. La situación es crítica. O llega algún tipo de compensación económica que suavice los extraordinarios gastos producidos, y la reducción radical de ingresos, o el cierre de actividad de los centros y la falta de atención de mayores y dependientes, será una realidad”. La extrema debilidad de las entidades se ha agravado desde el 18 de junio, “cuando se interrumpió el pago de las plazas colaboradoras y de las PEVS vacantes. Por cierto, sin ningún tipo de comunicación previa al sector, lo que provoca, si cabe aún más, una incertidumbre e inseguridad jurídica absoluta”.
Por eso, desde CSSCC y CESOCAT, Lares en Cataluña, exigimos que, si no es posible gestionar la ocupación de todas estas plazas por instrucciones de la Generalitat, es imprescindible que sean compensadas económicamente los centros, tal y como se indicó en las instrucciones de la Dirección General de Prestaciones Sociales del día 22 de abril de 2020. Estas instrucciones siguen vigentes y no han sido revocadas. “Dejar sin resolver esta situación está llevando a muchas residencias y centros de día a una situación económica insostenible, de máxima gravedad y urgencia”, insisten.
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