La Asociación de Empresas de Servicios de Atención a la Dependencia (ASADE) ha manifestado su profunda preocupación por la interpretación que, desde algunas administraciones y órganos de control, se hace de los criterios de valoración de los concursos públicos del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), especialmente a raíz de las conclusiones extraídas del reciente informe del Consejo de Cuentas de Castilla y León de septiembre de 2024.
El documento, que fiscaliza los contratos adjudicados por diversas diputaciones provinciales en 2023, alerta sobre una supuesta falta de objetividad en la aplicación de los criterios técnicos o de calidad, cuestionando incluso la conveniencia de incluirlos en los pliegos. A la vez, subraya que algunos concursos se resuelven únicamente aplicando fórmulas matemáticas basadas en el precio más bajo, eliminando las valoraciones técnicas.
Frente a esta visión, simplificada del proceso de contratación, ASADE plantea la reflexión «¿se quiere un SAD que simplemente cumpla con los mínimos legales o uno que realmente mejore la vida de las personas?»
El Servicio de Ayuda a Domicilio, según la patronal, no puede seguir concibiéndose como un conjunto de tareas estandarizadas y mínimas, sino como una herramienta transformadora que permite a las personas vivir en su entorno con apoyo, seguridad, dignidad y autonomía. Y va más allá. Supone una red de apoyo humano, social y emocional que lucha contra la soledad no deseada y fomenta la inclusión y la participación comunitaria.
«El uso de criterios técnicos en los procesos de contratación no solo es legal, sino imprescindible para garantizar un servicio público de calidad. Reducir la adjudicación de este servicio al precio más bajo es, en la práctica, convertir la calidad en un lujo prescindible. Y eso es inaceptable», señala.
La evolución del SAD: valoración técnica, conocimiento e innovación
El informe del Consejo de Cuentas señala que, si el servicio que se presta es el mismo para todos, no tendría sentido otorgar mayor puntuación a una memoria técnica o proyecto, al considerar que no hay margen para aportar mejoras significativas. Desde ASADE consideran que este planteamiento parte, sin embargo, de una premisa errónea: que todas las empresas licitadoras son iguales, que tienen las mismas metodologías, los mismos recursos humanos y técnicos, y que ofrecen el mismo modelo de atención.
Valorar técnicamente las propuestas es valorar la capacidad, experiencia, innovación y compromiso de las empresas que prestan el SAD. Es dar espacio al conocimiento acumulado, a las buenas prácticas, a la tecnología aplicada al cuidado y a los modelos de atención centrados en la persona. Es apostar por un servicio que evoluciona, que se adapta a los nuevos retos demográficos y que se construye en alianza con las administraciones desde la colaboración público-privada.
ASADE ha analizado 1.736 licitaciones de Ayuda a Domicilio en España en los últimos cinco años y, cuando no se valora el proyecto técnico, el 99,57% del presupuesto termina adjudicándose al licitador más barato. De esta forma, la Asociación confirma que, en ausencia de criterios cualitativos diferenciadores, la competencia se reduce al precio y eso, inevitablemente, conduce a una pérdida de calidad.
La normativa es clara: prima el factor de la calidad
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) obliga a aplicar una pluralidad de criterios, siendo la calidad un factor que debe representar al menos el 51% de la puntuación total. Así, permite, y fomenta, la evaluación mediante juicios de valor, siempre que se realicen con transparencia, justificación y rigor técnico.
Además, la ley reconoce como criterios cualitativos válidos aspectos como, la formación y experiencia del personal, las características técnicas y sociales del servicio, la innovación tecnológica o el impacto en la inclusión social y la sostenibilidad.
El SAD en Castilla y León está formado por más de 10.000 profesionales, en su mayoría mujeres, que cada día cuidan a más de 40.000 personas usuarias. Valorar adecuadamente los proyectos técnicos también significa incentivar condiciones laborales más dignas, políticas de formación continua, medidas de conciliación y estabilidad en el empleo, aspectos esenciales para ofrecer una atención digna y de calidad.
ASADE reclama a todas las administraciones públicas que hagan una lectura integral de la normativa y de la responsabilidad que implica gestionar servicios esenciales, como el SAD. Asimismo, pide que no cedan a la tentación del cortoplacismo presupuestario ni al simplismo tecnocrático que reduce la licitación pública a una subasta.
Para finalizar, la patronal recuerda que el objetivo del SAD no es solo prestar un servicio, sino mejorar vidas. Y eso exige medir no solo el coste, sino el valor.
