Según advierte Francisco José Núñez Alía, en nombre de Artecam, es “imposible asumir los nuevos requisitos que se impondrán en el nuevo modelo de centros” con 51,24 euros para el máximo grado de dependencia, 50 euros para el grado II, 41,35 euros para el grado I y 33,32 para aquellos de grado 0 o sin grado reconocido. “Si con esas cuantías ya era imposible sostener la realidad del sistema asistencial en la comunidad, más aún con esta nueva normativa”, apunta.
Según señala, solo un incremento del precio de la plaza concertada hasta los 2.030 euros -a razón de 67,67 euros diarios por usuario- y una tarifa plana para todos los niveles de dependencia, permitirían, a juicio de la patronal, asumir los nuevos costes que se derivan del Decreto, mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, asumir las subidas del IPC y caminar hacia el nuevo modelo centrado en la persona.
El nuevo decreto establece, entre otras medidas, que se deberá reservar un 50 % mínimo de habitaciones de uso individual. Asimismo, todas las residencias que superen las 45 plazas deben tener un despacho médico. También se reduce la ratio de un gerocultor por cada seis personas mayores, a uno por cada cinco. “Todo esto tiene un coste, ¿con qué recursos se contará?”, concluye Artecam.
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