Por otra parte, Ruiz ha anunciado que “desde este Gobierno se está trabajando, en colaboración con las entidades locales, en la elaboración de un nuevo proyecto de Orden de regulación del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía para mejorar su gestión, adecuando procedimientos y contenidos a las necesidades actuales en pro de garantizar la prestación del servicio como derecho subjetivo, a pesar de la situación provocada por la crisis del COVID-19. Asimismo, la nueva norma incluirá cláusulas sociales en la contratación del servicio, con el fin de garantizar los derechos y deberes de las profesionales”. Así como en el marco de la Estrategia Ética en Servicios Sociales de Andalucía, “se promoverá, junto a las organizaciones y colegios profesionales, la elaboración de un código de ética profesional”.
Además del servicio derivado de la Ley de Dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio se presta en el marco del Plan Concertado como prestación básica de los Servicios Sociales Comunitarios para la población que no está siendo atendida por el Sistema de Dependencia por carecer de grado y nivel o no ha recibido aún la prestación del servicio y se encuentra en situación de necesidad del mismo.
Según ha subrayado la consejera, esta Orden persigue “establecer un régimen jurídico común de este servicio, tanto como prestación del Servicio Público de Servicios Sociales como de la Ley de Dependencia de 2006, unificando las condiciones”.
Entre sus novedades, establece el proyecto de intervención social como procedimiento para garantizar el carácter integral de la atención y su continuidad; elimina la valoración de la situación económica en el baremo para el acceso de este servicio no vinculado a la Ley de Dependencia, que sí será tenido en cuenta para fijar su aportación al coste del servicio; e introduce la figura del personal de coordinación tanto en la entidad local como en la empresa prestadora.
El Servicio de Ayuda a Domicilio, como recurso del Sistema de Dependencia, lo organizan las entidades locales mediante la contratación de empleadas públicas o de empresas prestadoras. Para ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha transferido, en lo que va de año 2020, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales 338,8 millones de euros, lo que supone 51 millones más que en el mismo periodo de 2018.
Asimismo, se trata de uno de los servicios de mayor alcance. De hecho, a 30 de septiembre de 2020, 93.113 personas en situación de dependencia en Andalucía son atendidas en sus domicilios a través de este recurso. Esto supone el 31 % del total de prestaciones en Andalucía, lo que la convierte en el servicio más demandado.
Extremadura supera la media nacional en cobertura residencial para mayores, con 5,28 plazas por cada…
La Fundación ADINBERRI ha inaugurado Bibetoki en Lezo, promoviendo el diálogo sobre la longevidad y…
La atención al cliente y la hospitalidad son fundamentales en diversos sectores. La Universidad de…
La Universidad de Málaga presenta la primera escala de prevención de la dependencia, un cuestionario…
El presidente de Castilla y León firmó el "Pacto por las Familias" con 45 entidades…
Investigadores de la Universidad de Málaga desarrollan robots sociales de asistencia autoadaptativos en la residencia…