El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado, a instancias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, el decreto que regula la composición, funciones y funcionamiento del Comité de Ética de los Servicios Sociales. Este órgano de deliberación proporcionará claridad ante conflictos, problemas o dilemas éticos que surjan en la intervención y el avance de los servicios sociales, que afecten tanto a las familias y personas usuarias como a los profesionales involucrados.
Este órgano de participación busca facilitar la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre, generando una cultura de la ética en la intervención social. Concienciar sobre la dimensión ética y asegurar el derecho de los personas, manteniendo su autonomía, dignidad e intimidad, son también metas de este comité, el cual ofrecerá asesoramiento a todas las partes que pudieran estar involucradas.
Sus sugerencias no serán vinculantes, pero sí suponen una fuente de conocimiento y guía de cara a generar buenas actitudes y prácticas a quienes están involucrados en los servicios sociales. Estas sugerencias servirán para gestionar situaciones especialmente delicadas o complicadas. Además, se podrán elaborar protocolos de actuación para aquellos casos que, debido a su mayor frecuencia o gravedad, provoquen dilemas éticos, y también se redactarán informes junto con un informe anual.
El Comité de Ética, que se reunirá con una periodicidad cuatrimestral, estará formado por expertos de la materia que, además, deberán contar con formación específica en ética aplicada o bioética. Así, se estructura de la siguiente manera: una presidencia, una vicepresidencia, una secretaría y 16 vocalías, representando una de ellas de forma específica a la ciudadanía.
La compleja realidad social actual, los cambios en el sistema de cuidados y en las prácticas de intervención social hacen necesarios unos servicios sociales desde procedimientos adaptados a toda esa diversidad y de ahí la importancia de la ética. En este sentido, este decreto defiende que «la reflexión ética en la acción social debe estar incorporada en la práctica cotidiana de los equipos profesionales y en la mejora continua de su intervención, cuya actuación incide directamente en la vida de las personas». Por ello, considera necesario impulsar también el desarrollo de espacios de reflexión ética en los centros de servicios sociales.
Por último, tal y como recoge el decreto aprobado, el Comité de Ética estará a disposición de profesionales, centros, servicios, asociaciones, fundaciones, instituciones, administraciones públicas, personas usuarias y demás agentes implicados en la intervención social.
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