Análisis de la Ley de la Dependencia en 2024: ¿Hacia un sistema low cost?
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales acaba de presentar el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, en el que se analizan la evolución del Sistema de Atención a la Dependencia en España y su aplicación en cada comunidad autónoma. En este encuentro, que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados, se congregaron profesionales del sector sociosanitario, empresas y políticos que quisieron conocer de primera mano cómo ha avanzado el sistema en este último año y la valoración exhaustiva de los expertos (psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etc.) que componen esta asociación independiente.
El mensaje del presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez Navarro, al comienzo de su intervención fue claro: En 2024, ha crecido el número de personas atendidas, pero se consolida un sistema low cost.
En 2024 el Gobierno de España paralizó el incremento de los 600 millones de euros ex novo que el Plan de Choque había impulsado en los tres años anteriores (2021/2023). Esta merma importante en la financiación en el sistema se ha visto reflejada no tanto en su extensión en número de beneficiarios, que ha seguido una tendencia creciente, sino más bien en la limitación de sus prestaciones y servicios.
A pesar de que no se aumentó el presupuesto estatal para la dependencia, en 2024 se produjo un incremento del gasto de 187 millones de euros. Esto se debió a la obligación del Ministerio de soportar el nivel mínimo de financiación al haberse incrementado el número de personas atendidas. Es decir, “aumentó el gasto por imperativo legal, pero no por compromiso político”, recriminaron. Además, se tuvieron que suplementar 48 millones de euros para cuotas de seguridad de cuidadoras no profesionales.
Por todo ello, en 2024 se ha alcanzado un máximo de inversión en el sistema, con 12.189 millones de euros, que representa el 0,8% del PIB. Pero esto es la mitad de lo que dedican de media los países de la UE.
Con este presupuesto, el sistema ha mantenido la tendencia creciente en cuanto a su alcance: 106.558 personas más atendidas, 69.650 personas más tienen reconocida su situación de dependencia, 104.276 solicitudes más y 93.584 resoluciones de grado más. Sin embargo, disminuye el impacto en la generación de empleo, por primera vez desde 2020 por debajo de los 40 empleos por cada millón de euros de inversión pública en el Sistema (39,3). Del mismo modo, disminuye la tasa de retornos al Estado a través de impuesto de sociedades, cuotas a la seguridad, IRPF, etc., situándose en el 40,1%, la más baja de los últimos cuatro años. Esto se debe al aumento en un 14% de las prestaciones económicas de cuidadoras familiares frente a los servicios profesionales.
La burocracia y el escaso desarrollo del sistema en algunas comunidades han impedido cumplir el objetivo del Plan de Choque del Ministerio en reducción de las listas de espera: solo hay 26.106 personas menos en el limbo de la dependencia. Al ritmo del último año, se tardarían diez años y medio años en lograr la plena atención.
Finaliza 2024 con 270.325 personas a la espera de un procedimiento: 142.466 personas con derecho reconocido en espera de atención, 36.778 menos que el año anterior. A ellas hay que añadir 127.879 personas pendientes de valoración, 10.698 más que hace un año.
4 millones de personas han recibido una prestación en estos 18 años
El tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente fue de 334 días en 2024, diez más que el año anterior.
Y se mantiene el ritmo de fallecimientos en las listas de espera. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 fallecieron 34.252 personas en la lista de espera de la dependencia: 17.158 personas pendientes de resolución y 17.094 sin haber podido ejercer sus derechos, aun teniendo reconocida su situación de dependencia. “No fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones”, puntualizaron.
Recordaron que cada 15 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley. “En estos 18 años, 3.699.078 personas han recibido atenciones del Sistema de Atención de la Dependencia, y eso es de agradecer, pero mientras 900. 000 personas han fallecido en las listas de espera, y este es un dato terrible”, manifestaron.
Según expusieron, ni siquiera el importante incremento de financiación que recibió el sistema entre los años 2021 a 2023, en el Plan de Choque, ha logrado impedir que el sistema se desarrolle con un modelo low cost, con prestaciones y servicios de muy baja intensidad o cuantía, que no responden a las necesidades de las personas en situación de dependencia. Un ejemplo de esta conclusión es el servicio de teleasistencia.
En España hay 65.973 personas beneficiarias del Sistema de la Dependencia que reciben como prestación única la teleasistencia, 4.976 más que en 2023: 42.760 de grado I, 17.205 de grado II, y 6.008 de grado III. Una de cada tres de estos casos (33,6%) se produce en la Comunidad de Madrid (22.180) y en Castilla La Mancha (12.916).
“Resulta absolutamente vergonzoso que se considere atendida una persona con esa prestación”, sostienen. En su opinión, la teleasistencia debe ser una prestación complementaria.
El Plan de Choque planteaba que, a finales de 2022, fuera un servicio gratuito para todas las personas en situación de dependencia que no vivan en centros residenciales, y se ratificó en el Real Decreto575/2023 de 18 de julio de 2023. No obstante, “estamos lejos de cumplir ese compromiso”, advirtieron. “Al finalizar el año 2024, sólo el 42% de las personas beneficiarias que viven en domicilio tiene esa prestación. Andalucía es la que mayor porcentaje presenta y Canarias la que menos”, apuntaron.
Por otra parte, el 41,9% de las personas beneficiarias del sistema son atendidas con la prestación de cuidadoras familiares, porcentaje que se incrementa en 2024. En opinión de los expertos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, “estamos abusando de la prestación económica de cuidado familiar” afecta a aspectos tan importantes como la generación de empleo, el retorno económico y el impacto de género, ya que el 75 % de las cuidadoras son mujeres.
El Plan de Choque aprobado en 2021 supuso un incremento anual de 600 millones de euros que recibieron las comunidades autónomas (en total, 3.793 millones de euros de incremento acumulado de financiación estatal en el periodo 2021/2023).
En 2024 se frena este incremento de financiación estatal y, a cambio, el gobierno propone una reforma de la Ley añadiendo nuevos derechos cuando todavía están muy lejos de garantizar los que reconoce la actual norma.
Según consideraron, hay aspectos positivos en el proyecto de reforma de la Ley aprobada por el Consejo de Ministros, pero sería necesario aumentar en 1.000 millones para dependencia en los próximos PGE para que estas buenas intenciones sean realidad”, exigiendo a las comunidades autónomas agilizar procedimientos que reduzcan la lista de espera, incrementar las cuantías de las prestaciones y las intensidades de los servicios, además de permitir compatibilidades y se incorporen muchas más cuidadoras no profesionales a la cotización especial de la Seguridad Social.
Puede argumentarse que, al igual que en 2024, la falta de PGE imposibilita mantener el incremento de 600 millones de euros como en años anteriores. Pero “el Gobierno tiene otras vías para aprobar un incremento presupuestario y mantener su compromiso del Plan de Choque de años anteriores, como se puso de manifiesto en las medidas que se incorporaron al Decreto Ómnibus. Sin embargo, entre sus múltiples medidas no estaba ninguna que propusiera este incremento de financiación para la dependencia, ni tampoco entre las que finalmente han sido aprobadas por su carácter social”, afirmó José Manuel Ramírez.
La financiación del Gobierno de España sobre el gasto en dependencia con los últimos datos oficiales es del 28,6%, muy lejos de la financiación deseable que sería al 50% entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado (AGE). Por eso, “congelar los presupuestos del Gobierno central para la dependencia constituye una deslealtad institucional con las comunidades autónomas. Y, lo más grave, con las personas en situación de dependencia y sus cuidadoras, a las que, por otra parte, se les trata de vender que el Gobierno está aumentando sus derechos, pero no los presupuestos para hacerlos efectivos”, añadieron.
Por otra parte, en el XXV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, se evidencia la desigualdad territorial en la implantación y desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia. Existen amplias diferencias tanto en la cobertura como en los modelos de gestión cuando se aplican los 18 indicadores que se estudian en la Escala de Valoración de la Dependencia. Y estas diferencias, como reflexionaron en el encuentro, “condicionan el desarrollo del sistema y producen una desigualdad en la oferta de prestaciones y servicios en los diferentes territorios”.
Castilla La Mancha y Castilla y León alcanzan en la Escala del Observatorio la mayor puntuación (8,3). Murcia (3,1) y Canarias (3,3) las que menos.
Según la Asociación de Directoras y Gerentes, es previsible que haya algunas comunidades autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y/o una inyección financiera específica.
A pesar de las críticas que se hacen a la Ley de Dependencia y el Sistema de Atención a la Dependencia, José Manuel Ramírez reconoció que “esta Ley ha sido el mayor avance en protección social que ha habido en España en los últimos 20 años”. En Servicios Sociales es el primer derecho subjetivo de ciudadanía reclamable jurídica y administrativamente que se reconoce en este país. Pero pide que se cumpla.
1. Personas beneficiarias con prestación efectiva menos personas con resolución de PIA aún sin recibir prestación sobre el total de la población potencialmente dependiente.
2. Solicitudes sobre el total de la población potencialmente dependiente.
3. Porcentaje de personas que no obtienen grado sobre el total de dictaminadas.
4. Personas con derecho reconocido pendientes de atención (LIMBO).
5. Equilibrio servicios/prestaciones económicas.
6. Integración efectiva en la red de servicios sociales básicos.
7. Tasa de variación interanual de personas atendidas sobre las personas beneficiarias con prestación efectiva.
8. Gasto público en dependencia por población potencialmente dependiente.
9. Tasa de variación interanual (incremento o pérdida) de expedientes Grado III en los últimos 12 meses.
10. Porcentaje de personas solicitantes pendientes de resolución de grado más solicitudes no grabadas sobre el total de solicitudes.
11. Sistemas de información en tiempo real y modelo de seguimiento sistematizado.
12. Empleo generado por el Sistema de Dependencia en la CC.AA.
13. Ratio de prestaciones por persona beneficiaria en las CC.AA.
14. Ratio de servicios proximidad /prestaciones económicas. Servicios proximidad: ayuda a domicilio, centro de día, teleasistencia y asistencia personal.
15. Tiempo medio de PIA.
16. Ponderación de cuantías de las prestaciones económicas por grados.
17. Intensidad media de horas de la ayuda a domicilio.
18. Variación anual del presupuesto para dependencia de las CC. AA
Esther Padilla Ruiz, consejera portavoz de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que recogió el premio, expresó su gratitud a la Asociación, así como a los profesionales y a las entidades que trabajan en el sector. Afirmó sentirse orgullosa por recibir este premio por mejorar la vida de los ciudadanos, concretamente de las personas en situación de dependencia y de sus familias. “Es la constatación de que el camino que venimos realizando en los últimos años es un camino de pasos firmes y decididos. Pero tenemos que estar comprometidos y seguir trabajando para que nadie se quede fuera del sistema”, indicó.
Por su parte, Carlos Raúl de Pablos Pérez, gerente de Servicios Sociales en la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, explicó las cuatro grandes razones por las que su comunidad autónoma se desmarca con buenas cifras: compromiso político, que se traduce en priorizar las políticas de dependencia e integrarlas en los servicios sociales; colaboración con las corporaciones locales; magníficos profesionales de los servicios sociales, y apostar por automatización, eficiencia y digitalización de todo el procedimiento. “Hay una prioridad absoluta por la atención a las personas dependientes en Castilla y León. Es vital. Consideramos que hay que atender a las personas vulnerables, a las personas mayores, a las personas con discapacidad y a las personas dependientes”, concluyó.
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