alianzAS, la confederación que integra a asociaciones y empresas de servicios esenciales, ha alertado de que el efecto de un incremento en el salario mínimo interprofesional (SMI) en los porcentajes propuestos por los sindicatos, podría suponer hasta un 20% de incremento en los costes laborales de los sectores más intensivos en personas. Esto se debe a la previsión de impedir la compensación de pluses y complementos, el efecto en otras partidas salariales vinculadas y el incremento de los costes de la Seguridad Social.
Para alianzAS, este extremo supondría poner en riesgo la continuidad de servicios esenciales como la atención domiciliaria, la dependencia, la limpieza, la restauración colectiva o los servicios de inclusión laboral.
La organización subraya que estos sectores (muchos de ellos vinculados a contratos públicos de larga duración) no pueden actualizar los precios para absorber estos incrementos, debido a la propia Ley de Contratos del Sector Público, lo que podría derivar en abandono de contratos, pérdida de empleo y un deterioro inmediato de servicios básicos para millones de ciudadanos.
La Confederación reclama la modificación de los artículos más problemáticos del borrador y propone abrir una mesa de diálogo técnico con el Gobierno para garantizar un desarrollo normativo “realista, aplicable y compatible con la calidad de los servicios esenciales”.
“El objetivo es constructivo: adaptar el texto para proteger tanto a las personas trabajadoras como a los servicios que vertebran el día a día de la ciudadanía”, señala Javier Sigüenza, presidente ejecutivo de alianzAS, que agrupa a organizaciones empresariales y entidades que trabajan en coordinación permanente para mejorar la prestación de estos servicios.
El borrador introduce cambios contrarios al Estatuto de los Trabajadores y genera un escenario de alta inseguridad jurídica
alianzAS advierte de que el borrador del Real Decreto incluye cambios en la estructura del salario que solo pueden regularse por ley, según el Estatuto de los Trabajadores (ET) y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El texto plantea excluir complementos salariales del cómputo del SMI, pese a que la doctrina vigente obliga a incluirlos. Esto, según la Confederación, supondría “crear un salario mínimo ficticio” y abriría la puerta a conflictos judiciales y disparidad de interpretaciones en todo el país.
La organización recuerda también que el artículo 27 del ET faculta al Gobierno para fijar la cuantía del SMI, pero no para modificar su estructura ni el régimen de compensación y absorción, materias reservadas a la ley. Tampoco la Directiva europea que se transpone exige estos cambios.
Además, alianzAS señala que el borrador invade el ámbito de la negociación colectiva al introducir plazos y procedimientos que ya están regulados en la ley, lo que podría generar impugnaciones, retrasos en convenios y nuevos conflictos laborales.
El texto añade también incertidumbre sobre la evolución futura del salario mínimo interprofesional, dificulta la planificación de costes empresariales y crea problemas operativos al establecer un salario variable por trabajador, incompatible con los límites legales de inembargabilidad.
En conjunto, estos elementos configuran, según alianzAS, “un escenario de elevada inseguridad jurídica con consecuencias directas para miles de empresas y millones de trabajadores de servicios esenciales”.
Los servicios esenciales, los más expuestos
Los sectores que forman parte de alianzAS -limpieza, mantenimiento integral de edificios, restauración, servicios de atención a mayores, cuidados para personas dependientes y atención domiciliaria, servicios de instalaciones deportivas, contact centers, centros especiales de empleo y servicios energéticos- concentran entre el 80% y el 90% de sus costes en salarios, por lo que cualquier incremento directamente asociado al SMI tiene un efecto inmediato y multiplicado.
En este contexto, la Confederación insiste en que su posición no es de confrontación, sino de colaboración proactiva con las administraciones para evitar que un error técnico en el desarrollo del Real Decreto derive en la paralización de servicios públicos esenciales.
