Aeste incrementará, de forma responsable, los salarios de los trabajadores en un 6,5 %

Aeste ha acordado realizar un incremento salarial del 6,5 % a todos los trabajadores del sector. Este incremento culmina el proceso de negociación en que se venía trabajando durante los últimos meses, y que la semana pasada culminó con una sentencia de la Audiencia Nacional que fijaba este incremento para el año 2022.

En palabras del secretario general de Aeste, Jesús Cubero, “nuestra intención era la de ofrecer el 6,5 % para el año 2022 y acordar los incrementos salariales para los próximos 3 años, llegando a ofrecer unas subidas salariales del 15 % en 4 años. Desgraciadamente, no ha sido posible llegar a un acuerdo con los sindicatos por su visión cortoplacista, y no hemos conseguido hacerles entender que las trabajadoras y empresas del sector necesitan estabilidad y seguridad”.

Este incremento salarial supone un gran esfuerzo económico para las empresas del sector y, consecuentemente, la patronal entiende que las instituciones públicas tendrá que respaldar la renovación de los servicios que realizamos para ellas. “A pesar de lo complicado de la situación económica en nuestro país, no queríamos dejar pasar un solo día más sin trasladar a las trabajadoras los incrementos a los que tienen derecho, y ahora vendrá la lucha con las comunidades autónomas para que asuman su corresponsabilidad en la mejora de la calidad del empleo de las trabajadoras”, subraya Cubero.

Documento de acreditación del Ministerio

Por otra parte, Aeste considera que el Gobierno comete un grave error al aprobar el “Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)”, “un documento que nace con la oposición de sindicatos, familiares, profesionales y empresas del sector”. Además, 9 comunidades autónomas han rechazado este proyecto del Ministerio, lo que supone el 72 % de la población española. “Es un proyecto decorativo del Ministerio que nace sin ofrecer ninguna mejora real a la sociedad española, ni a las personas mayores en situación de dependencia”, apunta Cubero.

El documento de acreditación que ha aprobado el Consejo Territorial tendrá serias consecuencias sobre la creación de nuevas plazas residenciales en nuestro país, frenando la inversión en nuevos centros, “poniendo en grave riesgo de desaparición más de 50.000 plazas ocupadas actualmente por personas mayores, incrementando en un 50 % el gasto de las personas atendidas y sus familias, y haciendo que se incremente de forma artificial la lista de espera de todas las comunidades autónomas”.

Aeste asegura que España necesita construir 75.000 nuevas plazas residenciales para alcanzar los niveles de atención que recomienda la Organización Mundial para la Salud, pero en lugar de ofrecer facilidades para alcanzar esos niveles de cobertura, “destinamos un ridículo 1% del PIB para atender a las personas mayores, frente al 3% que se destina en los países del norte de Europa (cuyo modelo dice el Gobierno querer imitar)”.

Aeste ha trasladado al Gobierno la necesidad de modernizar un sistema de cuidados que tiene ya 16 años de vida en nuestro país, y que necesita ser revisado.