Ante la aprobación en el Consejo de ministros, el pasado martes 15 de julio, del anteproyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) valora que, siendo la adaptación de la actual Ley de Dependencia necesaria, nos encontramos ante un texto muy ambicioso en el que se reconocen nuevos derechos y servicios. Sin embargo, AESTE traslada su preocupación por la viabilidad de la norma, la financiación de los servicios y los efectos de esta ante el posible aumento de la desprofesionalización y su impacto negativo de género.
Entre los aspectos más positivos del texto, AESTE destaca el reconocimiento de los servicios sociales como servicios esenciales; la consideración de la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia, siendo complementaria a otros servicios; la inclusión de nuevos servicios como la provisión de productos de apoyo para la autonomía personal; así como la promoción de la investigación, la innovación y la experimentación social.
La profesionalización de los cuidados y la equidad de género
Pese a ello, AESTE expresa su preocupación por la falta de concreción sobre la puesta en marcha de la norma y sobre algunos servicios como son la asistencia personal o los servicios de cuidados y apoyos en viviendas. Desde la asociación aseguran que “el texto puede generar expectativas a los ciudadanos, a las que luego las distintas CCAA no puedan dar respuesta, al menos a corto y medio plazo; no olvidemos que estamos hablando de reconocimiento de derechos”. Así, consideran que, para la puesta en marcha de los nuevos servicios, se debe garantizar que las distintas autonomías estén totalmente preparadas para asumirlos con garantías de calidad e intensidad, así como con todas las certificaciones necesarias desarrolladas.
Por otro lado, desde AESTE expresan sus dudas respecto a algunas de las nuevas prestaciones. Se abren nuevas vías de atención que pueden provocar una desprofesionalización de los cuidados y un gran impacto de género. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, más del 80% de los permisos y excedencias por cuidado siguen recayendo en mujeres, por lo que una norma que promueva los cuidados no profesionales puede agravar desigualdades ya estructurales.
En este sentido, existe un alto riesgo de que las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar pierdan su carácter excepcional, como ya viene ocurriendo en algunas Comunidades Autónomas. La ampliación de esta prestación al entorno relacional de la persona, tal como contempla el anteproyecto, puede suponer que las personas mayores no reciban la atención especializada que requiere su dependencia, y que esto vaya, además, en detrimento de unos cuidados profesionalizados.
La sostenibilidad del sistema de los cuidados
AESTE lamenta que el proceso legislativo no haya contado con un verdadero espacio de diálogo sectorial. Apuntan que “pese a haberse cumplido los trámites formales de consulta, ha faltado una búsqueda real de consenso con los actores del sistema”. Es necesario que se lleve a cabo un diálogo y coordinación que garantice la sostenibilidad y una cobertura efectiva para todas las personas en situación de dependencia.
Tras casi dos décadas de la aprobación de la Ley 39/2006, era necesaria una actualización que respondiera a los nuevos retos sociales y demográficos. Avances como la promoción de la autonomía personal y el impulso a prestaciones que permitan a las personas permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible, representan una evolución que desde AESTE se valora positivamente.
Sin embargo, para que este enfoque sea realmente efectivo y justo, debe garantizar una cobertura suficiente basada en cuidados profesionales de calidad y con la intensidad suficiente. Este modelo no puede traducirse en una sobrecarga de los cuidadores no profesionales ni en la estigmatización de otros recursos fundamentales, como los servicios residenciales, que seguirán siendo imprescindibles.
El desarrollo de esta ley de dependencia debe hacerse desde la responsabilidad, la profesionalización y la sostenibilidad del sistema de cuidados para poder consolidar unos servicios y coberturas a la altura de los retos presentes y futuros.
