Aerte quiere que se replanté el nuevo modelo de atención a la dependencia en la Comunidad Valenciana

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) considera que el rechazo generado por la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales sobre el Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación y Calidad en los Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que no pudo ser aprobado el pasado miércoles en el Consejo Territorial por la posición contraria de una mayoría de comunidades autónomas, debería hacer reflexionar a la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas sobre su propuesta de nuevo decreto de tipologías de centros y servicios sociales.

Dicho acuerdo establece los requisitos mínimos que deben cumplir los centros y servicios sociales en toda España y son obligatorios para las comunidades autónomas que lo hayan votado favorablemente. Entre otras cuestiones, se regula las plazas máximas de un centro, el porcentaje de habitaciones individuales con el que hay que contar y el número de profesionales que debe tener cada servicio. Las normativas autonómicas podrán fijar incrementos sobre dichos requisitos, pero nunca podrán reducirlos.

“Si la Comunidad Valenciana vota a favor del acuerdo, en los términos establecidos en el último borrador sobre la adaptación de los centros que actualmente están en funcionamiento, se podrían perder miles de plazas. Por eso necesitamos que se incorpore en el acuerdo estatal que los centros se adaptarán en un plazo razonable de tiempo a los ratios, servicios y protocolos que se establezcan, pero respetando el número de plazas, distribución de habitaciones y organización arquitectónica actual, tal y como nos dice la Consellería que quieren recoger en el decreto autonómico. Todavía estamos a tiempo de hacerlo.” indicó el presidente de Aerte.

El acuerdo propuesto el miércoles era mucho menos ambicioso, con casi un 40% menos de personal que el que plantea la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y, aún así, ha recibido críticas de unos gobiernos autonómicos que lo han tildado de carta a los reyes y de otros por no comprometer la financiación necesaria para abordarlo. Además, ha sido rechazado por las patronales y las centrales sindicales del sector.

“Si no hay recursos económicos para poner en marcha un modelo con menos coste que el que trabaja la Generalitat Valenciana, ¿Cómo vamos a hacerlo aquí sin que las personas usuarias paguen más dinero todos los meses?”, se preguntaba José María Toro.