El objetivo es garantizar la adecuada atención sanitaria a estas personas y aprovechar el conocimiento y la colaboración establecida durante la pandemia para consolidar este trabajo en el futuro.
Una de las lecciones principales que nos ha dejado la crisis sanitaria es la necesidad de que las personas mayores y con discapacidad que viven en residencias puedan tener los mismos servicios sanitarios que las personas que viven en un domicilio particular. Hay que recordar que el seguimiento y atención a las enfermedades crónicas se suele llevar desde los equipos médicos de los propios centros pero que, cuando la situación requiere otro nivel de atención, éste debe prestarse por el sistema sanitario. Los refuerzos en el sistema de Atención Primaria deberían conllevar el establecimiento de personal específico en la atención a las personas residentes en este tipo de centros.
También es necesario ofrecer una colaboración en el caso de los centros de día y los centros de salud de los que dependen. En algunas ocasiones las personas atendidas dependen de otro recurso sanitario y eso complica el proceso, pero deberían establecerse protocolos que permitieran esa interacción en beneficio de la persona atendida.
Las viviendas tuteladas de salud mental, en el marco de su trabajo comunitario en el que carecen de recursos sanitarios, también requieren un trabajo de coordinación con los psicólogos y psiquiatras de base que permitan prestar los servicios de salud mental que son imprescindibles en los procesos de rehabilitación de estas personas.
“Por todo ello, es necesario que se aproveche este incremento de personal no para incorporar más profesionales del ámbito sanitario a los centros, o ampliar la influencia del sistema de salud, sino para mejorar la coordinación entre ambas estructuras con el objetivo de optimizar la atención sanitaria en función de las necesidades concretas de estos grupos de personas”, indicó el presidente de Aerte, José María Toro.
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