“Sabemos el grandísimo esfuerzo que están haciendo los profesionales sanitarios para proteger su salud y la de los pacientes que atienden. Por eso, estos datos creemos que tienen más valor. Las acciones formativas y la concienciación del personal, aunque no impida que se puedan producir contagios en la situación gravísima que está viviendo la Comunidad Valenciana, están ayudando a reducir el impacto del COVID-19 en residencias”, declaró José María Toro, presidente de Aerte.
Los trabajadores de las residencias, junto con las derivaciones hospitalarias, han sido, contra su voluntad, los principales vectores de introducción del virus en los centros. Por eso, Aerte venía pidiendo desde el mes de junio pruebas periódicas que ayudaran a detectar las personas asintomáticas que podían contagiar a otras personas del centro. Estas pruebas se han llevado a cabo solamente en determinados departamentos de salud, como el de Valencia-La Fé y el de Requena, a pesar de la insistencia del sector y desde el mes de enero se incorporaron al resto, a partir de una incidencia acumulada de 500 casos, pero el descontrol de la situación epidemiológica de la Comunidad Valenciana desde el mes de enero y el procedimiento de vacunación han impedido llevarlos a cabo de manera normal. En la actualidad, con prácticamente todas las residencias vacunadas, el sector lo que reclama son pruebas serológicas de detección de anticuerpos.
“Las personas que trabajan en servicios sociales tienen un tremendo compromiso con las personas atendidas. Queremos reconocer el titánico esfuerzo que han hecho, no solo en su centro de trabajo, sino las medidas que han tomado en su vida personal para protegerse a sí mismos, a los suyos y a la gente que cuidan, y estos datos reflejan el resultado obtenido”, concluyó José María Toro.
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