“Muchos centros de servicios sociales de titularidad pública gestionados por entidades privadas se encuentran en la misma situación; sin contrato, con la obligación de seguir prestando el servicio y con retrasos en el cobro de las facturas correspondientes a dichos servicios”, explica el presidente de Aerte, José María Toro.
Este retraso administrativo está provocando un atraso en los pagos, “ya que no se han cobrado facturas correspondientes a servicios prestados de noviembre del 2021 en adelante”. Al no existir contrato en vigor, se debe pagar a través de un expediente de resarcimiento, que debe ser aprobado por el Consell, lo que dificulta y alarga el periodo de cobro de estas facturas.
Según informa Toro, el importe de la deuda acumulada por el concurso de las 3.300 plazas asciende a 27 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 13 correspondientes a las gestiones integrales, lo que sitúa la deuda en torno a los 40 millones. Esta situación se está volviendo insostenible y pone en una situación financiera muy complicada a las empresas que prestan el servicio a estas personas en situación de dependencia.
“Esta situación es muy grave y no se debe a la carencia de fondos, ya que estos pagos podrían haber entrado en el FLA del pasado 30 de abril, sino a una retrasada gestión administrativa que impide que las facturas se contabilicen adecuadamente. Esto es intolerable”, afirma el presidente de Aerte.
Extremadura supera la media nacional en cobertura residencial para mayores, con 5,28 plazas por cada…
La Fundación ADINBERRI ha inaugurado Bibetoki en Lezo, promoviendo el diálogo sobre la longevidad y…
La atención al cliente y la hospitalidad son fundamentales en diversos sectores. La Universidad de…
La Universidad de Málaga presenta la primera escala de prevención de la dependencia, un cuestionario…
El presidente de Castilla y León firmó el "Pacto por las Familias" con 45 entidades…
Investigadores de la Universidad de Málaga desarrollan robots sociales de asistencia autoadaptativos en la residencia…