Hasta ahora, se podían hacer estas salidas para traslado a hospital, atención sanitaria no demorable o causas imprescindibles a criterio médico profesional, en cualquier fase o nivel de alerta, para garantizar la atención sanitaria a las personas residentes en centros pero desde ayer ya no se pueden realizar.
Aerte ha mostrado su rechazo a esta decisión por ir en contra de los derechos de las personas mayores y ha insistido en que la resolución se ha publicado sin haber avisado al sector, sin ninguna reunión previa para hacer aportaciones e, incluso, en contra de lo que se había acordado con las entidades que operan en este ámbito en las anteriores regulaciones.
Esto ha ocurrido cuando se ha incorporado la obligación de que los centros dejen libres un 10 % o un 15 % de las plazas para llevar a cabo aislamientos, en contra de lo que fijaban las dos resoluciones previas de la Consellería, y que estaba en vigor desde el mes de mayo. Esto va a provocar una mayor dificultad para atender a personas dependientes que necesitan estos centros, ya que reduce el número de plazas de la Comunidad Valenciana en casi 3.000 plazas, cuando ya cuenta con uno de los ratios más bajos de España.
“Después de la interlocución adecuada que habíamos tenido para preparar la normativa específica de Navidad, la Consellería vuelve a tomar las decisiones sin escuchar al sector y, lo que es peor, limitando los derechos fundamentales de las personas que residen en residencias. Esto demuestra muy poca sensibilidad y, de nuevo, un desconocimiento muy importante de la realidad de las residencias”, ha afirmado el presidente de Aerte.
Por otro lado, Toro ha querido valorar positivamente el nuevo régimen de visitas, similar al acordado con la Administración en el periodo navideño, ya que permite un mayor contacto de las personas residentes con sus familiares, mejorando su calidad de vida.
La resolución también prohíbe los nuevos ingresos en centros que se encuentren en zonas de alerta 3, aunque no tengan brotes abiertos, salvo emergencia social indicada por la VICIPI. Aerte se ha mostrado favorable a que estos centros puedan hacer nuevos ingresos para asegurar estos servicios a las personas que lo necesiten, como se estaba haciendo hasta ahora, con PCR negativa y aislamiento preventivo de diez días, lo que permite mantener un nivel de seguridad adecuado.
Por otra parte, Aerte ha mostrado su rechazo a la limitación de ocupación de los centros de día, no dependientes de un centro residencial, al 50 % en nivel 3 de alerta cuando en la actualidad atienden al 100 % de los usuarios, siempre que puedan mantener la distancia de seguridad. La propuesta de la patronal, para garantizar la salud de las personas atendidas en estos centros, es que se incorporen al procedimiento de vacunación que actualmente los excluye como ya está ocurriendo en otras comunidades autónomas.
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