El documento fija para 2023 un aumento del 4% y añade un pago extraordinario equivalente al 2% para hacer frente al incremento de los costes energéticos. Asimismo, el acuerdo compromete un incremento del 5% de media el año que viene. Según la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), “es un acuerdo amplio que ilusiona, una hoja de ruta que marcará un antes y un después en el sector de atención a la dependencia. Notamos que hay una voluntad política y también por parte de las patronales y el resto de los agentes implicados”.
La presidenta de ACRA, Cinta Pascual valora muy positivamente que se hable de equiparar las condiciones laborales de “nuestros profesionales a las que tienen en el sector público”. También es positivo, por otro lado, que se reconozca el sector como “infra financiado” y alerta a la administración que harán falta más recursos para que el acuerdo pactado “sea viable”.
Los servicios a los cual hace referencia el acuerdo incluyen los ámbitos de las personas mayores, la discapacidad, la salud mental, la infancia y la adolescencia, la acogida y la adopción, la atención temprana, el apoyo a la autonomía, las drogodependencias, VIH/sida y las tutelas.
Para mejorar la calidad de estos servicios que prestan las entidades sociales, Gobierno, patronales y sindicatos han pactado que los incrementos repercutan, entre otros, en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del sector, en el marco de la negociación colectiva. En este sentido, las patronales se han comprometido a trasladar el aumento de tarifas a una mejora salarial de forma, como mínimo, proporcional. El objetivo es que el personal de la red de servicios sociales concertados o con financiación pública de Cataluña, avancen hacia unos salarios justos, dignos y equiparables a los del sistema de salud y al de función pública. Igualmente, se plantea en el medio plazo lograr la indexación salarial de los servicios concertados con la evolución de los servicios públicos.
Para formalizar el incremento del 4% previsto el 2023, que será retroactivo el 1 de enero, el Departamento de Derechos Sociales de Cataluña publicará el mes de junio la orden de actualización del coste de referencia de los Servicios Sociales, así como de determinados servicios que figuren inscritos en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos Sociales (RESES) como servicios experimentales. El Gobierno invertirá 58,7 millones de euros para asumir este incremento.
En el marco del acuerdo, Derechos Sociales se compromete también a revisar este año los importes de las prestaciones económicas vinculadas (PEV) para personas en situación de dependencia, para mejorar la progresividad y con un incremento mediano del 15%. Esta medida supondrá una inversión de 28 millones de euros por parte del Gobierno catalán.
Por otro lado, en el decurso de la negociación se ha hecho patente que la coyuntura internacional extraordinaria ha provocado un aumento de los precios de la energía que ha impactado de forma directa a los servicios de la red catalana de servicios sociales y en los costes otros suministros. Para hacer frente a estos gastos sobrevenidos, Derechos Sociales hará este 2023 una aportación única y extraordinaria de 29,3 millones de euros, lo que equivale al 2% de las tarifas establecidas. Este año se monitorizará la evolución de los costes energéticos y alimentarios para determinar si este incremento se incorpora a las tarifas en ejercicios futuros.
De cara 2024, el acuerdo recoge también el compromiso del Gobierno de un incremento de como mínimo 5 puntos de media en las tarifas de estos servicios, que se aplicará en función de un estudio de costes.
Además del incremento de tarifas y la mejora de las PEV, el acuerdo recoge otros puntos que también tienen como finalidad contribuir a reforzar las bases de un sistema público de servicios sociales de calidad, robusto y sostenible. En este sentido, Derechos Sociales se ha comprometido a hacer un estudio de sonda de costes de los servicios sociales para actualizar el coste que tienen los recursos gestionados por las entidades proveedoras, de forma rigurosa, adecuada y bajo criterios económicos. El principal hito de este trabajo es que ningún servicio de la red esté infrafinanciado y obtenga un aportación justa y adecuada a su coste real.
Con este objetivo, el Departamento encargará el estudio inicial a académicos y economistas de reconocido prestigio para realizar una primera aproximación, que se trabajará conjuntamente entre Derechos Sociales, Economía y Hacienda y las patronales y sindicatos firmantes del acuerdo. Se prevé que la sonda de costes esté hecha antes de finales de 2023 y que se actualice anualmente.
A partir de este estudio, el Departamento de Derechos Sociales se compromete a hacer la revisión de la actual Cartera de servicios sociales para hacerla más flexible, simple y adaptable a las necesidades de los usuarios que atiende. Es la primera reforma de la Cartera de Servicios que se emprenderá desde 2007 e implica definir los servicios sociales necesarios en el siglo XXI. Esta revisión también será fruto del diálogo con los agentes sociales firmantes del acuerdo, entre otros marcos de participación.
Los agentes firmantes acuerdan también la constitución de una comisión de seguimiento, que será un marco de diálogo social permanente para conseguir los objetivos del acuerdo, el reconocimiento del sector social como tercera pata del estado del bienestar, la financiación que necesita para serlo y las mejoras de las condiciones laborales necesarias.
Las patronales firmantes son: La Confederación, Asociación Catalana de Recursos Asistenciales, Asociación Catalana de Entidades de Salud, Asociación de Centros de Atención a la Dependencia de Cataluña, La Unión, CESOCAT, Consorcio de Salud y Social de Cataluña y UPIMIR.
En cuanto a los sindicatos: UGT y CCOO.
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