“Los centros son necesarios y seguros. Esta medida llega en un momento crucial para un sector que celebra la caída de los contagios y fallecimientos de personas usuarias en los recursos de servicios sociales”, subraya el presidente de la patronal, Diego Juez.
Ante el anuncio de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en el Consejo de Gobierno, Juez destaca que “desde que se comprobó la efectividad de la vacunación y el descenso de contagios y, sobre todo, el hecho de no tener que lamentar la pérdida de más personas por la Covid, pedimos esta medida ya que así nos lo solicitaban los familiares y futuros usuarios que estaban a la espera de la plaza”.
De hecho, según el Ministerio de Sanidad los resultados de los estudios de efectividad de la vacunación con vacunas de ARNm en las personas institucionalizadas en residencias de mayores muestran muy buenos resultados de protección frente a la infección, la hospitalización y muerte.
En concreto, el riesgo de infección en esta población se redujo en un 57,2 % 14 días tras la vacunación con una dosis y un 81,2 % tras la segunda dosis. Además, se observa protección indirecta en las personas no vacunadas que viven en residencias con alta tasa de vacunación.
Hay que recordar que desde hace más de un año los centros están cerrados a ingresos normalizados y abiertos a salidas y visitas. En lo que va de año, según las propias informaciones de la Junta de Castilla y León, durante los meses de febrero y marzo se han registrado 500 nuevos ingresos de residentes por razones de “urgencia social”.
Actualmente en Castilla y León existe en 48.296 plazas en centros residenciales, de las cuales, 6.946 están vacantes según los datos registrados por la Junta de Castilla y León. Una situación que tiene al sector en un lugar de preocupación ya que, en el caso concreto de las residencias, centros de día y atención domiciliaria, por cada persona que se atiende se están creando 1,2 puestos de trabajo y la dificultad para poder acceder a una plaza libre que existe actualmente son empleos cualificados, altamente feminizados y no deslocalizables que se ponen en peligro.
Por ello, desde Acalerte recalcan que “son necesarias políticas sociales integrales que tengan en cuenta la dependencia “y que no nos hagan pensar en que la Administración es la que tiene que solucionarnos este problema cuando llega”. Por otra parte, recuerdan que el sector de la dependencia no implica gasto, sino inversión ya que “por cada euro que se dedica, 0,50 vuelve a las arcas del Estado: en cotizaciones a la Seguridad Social, impuestos, etc.”.
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