En concreto, el grueso de los fondos -482,4 millones- irá destinado a fomentar un modelo de atención a las personas dependientes que les permita vivir en sus casas, dándoles la atención necesaria para ello; mientras que los centros residenciales deberán constituirse como entornos similares a los domésticos.
Otros 216,9 millones se invertirán en reformar el modelo de atención a la infancia, invirtiendo en la mejora de centros residenciales que garanticen su bienestar, y en la modernización tecnológica de los servicios sociales, su digitalización y mejora de su funcionamiento.
Por último, 31,5 millones se invertirán en acabar con la falta de accesibilidad universal. En este ámbito, se apostará por demandas históricas y necesarias como la adecuación de espacios físicos, transporte público y la mejora de los canales de comunicación con las Administraciones Públicas (por ejemplo, accesibilidad cognitiva).
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “esta inversión nos va a permitir parecernos más a Europa, donde la inversión en cuidados de larga duración está muy por encima de la media española”. A esto ha añadido que se trata de una inversión “muy beneficiosa para nuestro país porque, además de aumentar el bienestar de la población, se generan empleos de calidad no deslocalizables a otros países. Todo ello con el consiguiente aumento de cotizaciones a la seguridad social y el aumento de los retornos fiscales”.
Belarra ha destacado que estos fondos europeos “van a crear empleos dignos en un sector altamente feminizado, lo que nos permite contribuir a reducir la brecha retributiva”. También ha remarcado el “impacto positivo” dirigido a la fijación de la población en los territorios, “generando oportunidades también en los pueblos y zonas rurales de nuestro país para evitar que la gente tenga que marcharse de ellos en busca de un trabajo”.
Finalmente, ha puesto de relieve que “estos fondos suponen una oportunidad histórica de transformación social, y desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 hemos pisado el acelerador para que las comunidades autónomas los tengan disponibles cuanto antes, porque sabemos que la gente de nuestro país necesita notar cuanto antes los fondos en el bolsillo, en las economías de las familias”.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 llevará la distribución de este fondo entre las comunidades autónomas, próximamente, al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
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