El rebrote por sí mismo no supone una gestión inadecuada de la desescalada o del control de la infección. Es la respuesta tardía a estos rebrotes la que se debe evitar y minimizar al máximo.
Estas recomendaciones se realizan para perseguir dos objetivos:
La protección de la salud pública no sólo es proteger del contagio a las personas mayores, sino también estimular la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud a través de la realización de actividad física y contacto social frecuentes.
La SEGG es consciente de que desescalar siempre conlleva rebrotes y que éstos pueden afectar especialmente a las residencias de mayores, por sus características, y es por ello que hay que extremar las precauciones en esta población. Pero el aislamiento extremo está causando importantes efectos secundarios en los residentes, afectando a veces muy gravemente a su bienestar y estado de salud.
La restricción de la movilidad y del contacto social tiene importantes repercusiones negativas en el adulto mayor, especialmente un incremento en la incidencia de síndromes geriátricos: aparición de fragilidad, sarcopenia y/o incontinencia secundarias a la inmovilidad, aparición de trastornos afectivos (ansiedad, depresión…) y cognitivos por restricción del contacto social.
Es por ello que hay que buscar permanentemente el equilibrio entre proteger del contagio por coronavirus, el mantenimiento de la movilidad y algunas relaciones sociales.
Cuando la progresión de la epidemia haga necesario reducir el número y frecuencia de las visitas y las salidas al exterior, se recomienda utilizar recursos tecnológicos para mantener relaciones sociales y contacto familiar (videollamadas, etc.), tutoriales de movilización en pantalla, por megafonía, en pequeños grupos, paseos por el jardín de la residencia si lo tiene, hilo musical, etc.
Este es uno de los aspectos clave y principales retos.
Si hay positivos en la residencia, el régimen de visitas debe ser restringido, de acuerdo a las normas de cada comunidad autónoma. Estas recomendaciones son actualizadas por el ministerio de sanidad y los servicios de salud de cada comunidad autónoma y se deberán seguir siempre las últimas recomendaciones.
Para realizar un correcto aislamiento y prevención de la extensión del virus en el centro, la residencia tiene obligación de proveer de los equipos de protección individual (EPI) a los profesionales.
Se recomienda disponer de una reserva estratégica de EPI para evitar el desabastecimiento en el caso de incremento brusco de la demanda. Se recomienda que la ocupación de la residencia no sea superior al 90 % para asegurar la disponibilidad de habitaciones libres para el aislamiento.
Tanto las reservas estratégicas de los EPI como el grado de ocupación máximo de las residencias, será marcado por cada comunidad autónoma.
Idealmente se procurará la sectorización de las residencias separando claramente las zonas donde se ubicarán los residentes con SARS-CoV-2 y capacidad de contagio (zonas COVID) de las zonas donde se ubicarán los que estén libres de la enfermedad. Se debe comunicar a los servicios de salud pública de cada comunidad autónoma de las posibilidades de aislamiento y la capacidad de sectorización de la residencia La sectorización debe señalar los circuitos de entrada y salida de las zonas COVID y zonas no COVID. Se deben señalar también los circuitos de retirada de residuos, separando los residuos biológicos. La sectorización debe ser comprobada y aprobada por los servicios de salud pública correspondientes, al no existir estos especialistas (ni tampoco la responsabilidad de disponer de ellos) en las residencias de mayores de nuestro país. Cuando el aislamiento en la residencia no sea posible se deberá comunicar a la autoridad sanitaria y/o social correspondiente para buscar soluciones específicas, trasladando al residente a otra residencia o centro donde pueda permanecer aislado mientras dure su tratamiento.
Todos los profesionales de la residencia, especialmente aquellos con menor formación técnica como gerocultores o profesionales de la limpieza, lavandería o cocina, deben ser formados en la correcta utilización de los Equipos de Protección Individual (EPI). También deben recibir formación sobre las medidas de aislamiento y la entrada o salida de los circuitos señalados en la residencia. Se debe nombrar un responsable COVID-19 en cada residencia entre sus profesionales mejor formados, para que monitorice y corrija errores en la utilización de los EPI de los circuitos. La autoridad sanitaria deberá disponer del registro de la formación realizada y de la persona responsable así como de su dirección de contacto.
Los centros sociosanitarios y las residencias de mayores son heterogéneos y con grandes variaciones de unos a otros, incluso dentro de la misma ciudad y comunidad autónoma. En cada área sanitaria se debe establecer un mapa de las residencias de mayores, clasificando los centros en tres categorías:
Los residentes deben ser clasificados en función de su situación basal y de su situación clínica.
En todas las áreas sanitarias se deben identificar las residencias de tipo A y reforzarlas con el personal sanitario necesario para realizar una correcta atención 24 horas al día. Las residencias de tipo A deben poder tener la posibilidad de oxigenoterapia, tratamientos intravenosos comunes (antibioterapia, diuréticos, corticosteroides, etc.) y tratamientos paliativos (en la mayoría de casos por vía subcutánea).
Se debe contar también, cuando existan, con el soporte que pueden prestar hospitales de atención intermedia (en algunas zonas llamados hospitales de apoyo o de media estancia).
El soporte a residencias también puede llevarse a cabo (en función de las áreas y de la evolución de la epidemia) a través de los equipos de hospitalización domiciliaria.
– Atención Primaria: realización de pruebas PCR y test serológicos a residentes y profesionales y atención clínica a las residencias de tipo C y B.
– Atención geriátrica hospitalaria (y geriatría de enlace si existe): atención a residentes derivados al hospital tras valoración individualizada, soporte de consultoría telefónica a dudas de atención primaria y soporte de consultoría presencial, si se estima oportuno, a las residencias de tipo A.
– Profesionales de residencias: atención con soporte de atención primaria en las residencias de tipo B y C y con soporte de geriatría hospitalaria en residencias de tipo A.
Se deben reforzar en todos los niveles las plantillas según las cargas de trabajo asumidas en cada centro y en cada territorio. En estos momentos se estima que es necesario reforzar las plantillas habituales de las residencias con un incremento mínimo del 20-25% del ratio de personal, especialmente en las residencias que tienen casos positivos de SARS-CoV-2.
Se debe dar la posibilidad, durante la duración del plan, al menos a las residencias de tipo A, de ofrecer: oxigenoterapia, tratamientos intravenosos convencionales y tratamientos paliativos. Este aspecto deberá ser pactado con las residencias de acuerdo a las directrices de cada comunidad autónoma. Además de los programas de formación señalados anteriormente (sectorización y manejo de equipos de protección individual) en aquellas comunidades autónomas que se decida incorporar tratamientos más intensivos, se deben realizar programas de formación en el manejo de estos tratamientos y en cuidados paliativos.
De forma urgente todas las residencias de mayores deben disponer de un plan de contingencia ante el rebrote de SARS-CoV-2 que establezca:
Estos planes de contingencia deben ser aprobados por la autoridad sanitaria correspondiente. Las autoridades sanitarias deben disponer del plan de contingencia de cada residencia y monitorizar su cumplimiento.
Los planes de contingencia ante los rebrotes de SARS-CoV-2 deben ser públicos y accesibles a cualquier ciudadano y, desde la SEGG, recomiendan que se publiciten a través de las páginas web de las consejerías de salud de cada comunidad autónoma. Es también recomendable la publicación de la afectación de la epidemia de COVID-19 en las residencias de mayores, con datos homogéneos lo antes posible.
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