El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se ha celebrado este jueves con el objetivo de abordar el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad. Dicho anteproyecto, presentado por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, introduce modificaciones normativas destinadas a fomentar la autonomía de las personas en situación de dependencia y con discapacidad, personalizar sus cuidados y favorecer su permanencia en el hogar y en entornos comunitarios.
El ministro Bustinduy ha manifestado que, en el sector de la Dependencia, la reforma prevé, entre otras medidas, el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que supone la universalización de este servicio. En este sentido, desde Derechos Sociales se apuesta por el consenso en torno a la capacidad de la teleasistencia para prevenir la institucionalización de los cuidados y permitir que las personas permanezcan en sus hogares por más tiempo. Además, el anteproyecto de ley establece el derecho de las personas a decidir si desean permanecer en su domicilio y a elegir las prestaciones y servicios que reciben.
Otro de los objetivos de la reforma es la simplificación y agilización de los trámites administrativos. Para ello, el texto propone la revisión del Programa Individual de Atención y la aplicación de procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, como enfermedades neurodegenerativas, demencias o violencia de género.
Medidas en el ámbito de la discapacidad
En cuanto al ámbito de la Discapacidad, el anteproyecto contempla la simplificación de los procesos administrativos mediante la asimilación del grado del 33% de discapacidad a aquellas personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia. Asimismo, el texto refuerza derechos fundamentales, como la prohibición de cualquier tipo de discriminación en la contratación de seguros de salud y de vida. También incluye una serie de medidas para garantizar la accesibilidad como un derecho universal, promoviendo la adaptación de viviendas y la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, de manera que las obras destinadas a la accesibilidad sean consideradas obligatorias en las comunidades de vecinos.
Durante el Consejo Territorial, el ministro ha destacado el consenso alcanzado con las Comunidades Autónomas en torno a este nuevo enfoque sobre la Dependencia y la Discapacidad. Ha recordado, además, que esta reforma responde tanto al mandato constitucional derivado de la modificación del Artículo 49 de la Carta Magna, que obliga a los poderes públicos a promover políticas de accesibilidad, como a la demanda social surgida tras la pandemia de la COVID-19, que evidenció la necesidad de potenciar los cuidados de proximidad.
Mayor financiación en dependencia
El Ministerio de Derechos Sociales y los gobiernos autonómicos han coincidido en la necesidad de mejorar la financiación del Sistema de Dependencia para garantizar una prestación de servicios eficaz y con tiempos de espera reducidos. En este contexto, se ha subrayado la urgencia de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado que incluyan las inversiones necesarias para fortalecer el sistema.
Desde Derechos Sociales han destacado el esfuerzo presupuestario realizado en los últimos años, con un incremento del 150% en la financiación del Sistema de Dependencia desde 2020. Gracias a ello, la aportación estatal alcanzó en 2024 la cifra récord de 3.411 millones de euros, lo que triplica la inversión realizada en 2014, cuando se limitaba a 1.130 millones de euros.
Además, el Ministerio ha resaltado la transferencia de fondos europeos a las Comunidades Autónomas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Entre estos recursos se incluyen 1.500 millones de euros, que los gobiernos autonómicos deberán ejecutar en 2025 y 2026 para la transformación de centros residenciales y su adaptación al nuevo modelo de atención, beneficiando a 90.000 plazas. También se han transferido 367 millones de euros para la instalación de equipamientos y tecnología destinados a fomentar la autonomía personal, como la teleasistencia, en todas las Comunidades Autónomas.
Durante el Consejo Territorial, el Ministerio ha propuesto a las Comunidades Autónomas que destinen parte del espacio fiscal liberado por la condonación del 50% de la deuda autonómica a mejorar la financiación del Sistema de la Dependencia.
Combatir el déficit de profesionales
Otro de los retos abordados en el Consejo Territorial ha sido el déficit de personal en el Sistema de la Dependencia, una preocupación clave para el Ministerio. En este sentido, Bustinduy ha subrayado la importancia de desarrollar iniciativas que faciliten la incorporación de nuevas trabajadoras al sector. Como parte de estas medidas, Derechos Sociales activará este mes un espacio de trabajo conjunto con los gobiernos autonómicos para analizar soluciones.
Finalmente, se ha tratado la nueva asignación de fondos para los servicios sociales y se ha anunciado la celebración del próximo Consejo Estatal del Voluntariado, que tendrá lugar en Navarra.
