El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Esta reforma, que ha generado diversas reacciones dentro del sector, busca adaptar el sistema de atención a la dependencia y discapacidad a las nuevas necesidades demográficas y sociales, garantizando un modelo de cuidados más centrado en la persona y en su derecho a elegir dónde y cómo ser atendida.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció esta reforma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes 11 de febrero. Durante su intervención, subrayó que la nueva legislación introduce un enfoque renovado para asegurar una vida digna en todas las etapas, impulsando el derecho a la autonomía personal y la vida independiente. De este modo, Bustinduy resaltó que los cambios normativos aprobados por el Gobierno fortalecerán los derechos de las personas con dependencia o discapacidad y ampliarán el conjunto de servicios a los que pueden acceder.
Principales novedades del anteproyecto
El anteproyecto de reforma introduce cambios sustanciales en la regulación de la dependencia y la discapacidad, con el objetivo de modernizar un sistema que, después de casi dos décadas en funcionamiento, presenta deficiencias estructurales y desigualdades entre territorios. Entre las principales novedades, destaca la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, lo que permitirá a las personas beneficiarias acceder simultáneamente a diferentes tipos de apoyo, como la atención domiciliaria y la asistencia en centros de día, algo que hasta ahora no era posible. Asimismo, se elimina el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, facilitando el acceso a estos recursos.
La reforma también impulsa un nuevo modelo de cuidados que deja atrás “el modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias”, priorizando la atención en el hogar o en entornos comunitarios. En este sentido, se amplía y reorganiza el catálogo de servicios, extendiendo la ayuda a domicilio más allá del cuidado personal y doméstico, ampliando la prestación económica para cuidados familiares a personas allegadas, y reconociendo la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia que residan en su domicilio, sin restricciones presupuestarias. Asimismo, la asistencia personal deja de estar limitada a los ámbitos educativo y laboral, permitiendo su aplicación en cualquier edad y aspecto de la vida de la persona.
Además, el texto incorpora tres nuevos servicios: el apoyo y cuidado en vivienda, incluyendo modelos como el cohousing; la provisión de productos de apoyo mediante préstamo o cesión temporal para fomentar la autonomía; y un servicio de asistencia personal que se adapte a las necesidades y preferencias de cada usuario. En paralelo, la reforma establece más derechos para las personas dependientes, garantizando su derecho a elegir las prestaciones que reciben, a permanecer en su entorno elegido y a una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas o químicas. También se refuerza la coordinación entre servicios sanitarios y sociales para asegurar que todas las personas en situación de dependencia reciban la atención sanitaria necesaria, independientemente de su lugar de residencia. Por otro lado, se protege a las personas cuidadoras no profesionales, asegurando que tengan acceso a apoyo, formación, asesoramiento y medidas que faciliten la conciliación de su vida personal y laboral.
Reforma de la Ley de Discapacidad
En lo que respecta a la discapacidad, el anteproyecto desarrolla el nuevo artículo 49 de la Constitución, recientemente reformado para reforzar la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Se garantiza el derecho a la accesibilidad universal como un derecho exigible ante cualquier instancia, y para ello se crea un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal, destinado a financiar intervenciones como la instalación de rampas o audiodescripciones en formato QR. En el ámbito privado, se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas para obras de accesibilidad si algún residente lo requiere, además de facilitar el acceso a estas ayudas reduciendo del 75% al 70% el porcentaje de financiación que deben asumir los vecinos.
La reforma también prohíbe la discriminación de personas con discapacidad en la contratación de seguros de vida y salud y agiliza los trámites administrativos mediante la creación de una pasarela directa que reconoce automáticamente un 33% de discapacidad a quienes obtengan un grado de dependencia. Además, introduce medidas para supervisar la inteligencia artificial y eliminar sesgos discriminatorios que puedan afectar a las personas con discapacidad, por ejemplo, en procesos de selección de empleo. Al mismo tiempo, se fomenta el uso positivo de la tecnología, designando a las personas con discapacidad como un grupo social de interés preferente en el ámbito de la ciencia y la innovación.
Finalmente, la reforma hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, promoviendo la garantía de su salud sexual y reproductiva, y pone el foco en la infancia con discapacidad mediante el impulso de servicios de atención temprana para fomentar su desarrollo.
El sector denuncia falta de diálogo
Dicha reforma no ha estado exenta de críticas y escepticismo por parte de los actores clave del sector sociosanitario que alertan sobre la falta de diálogo en su elaboración y el riesgo de que las mejoras queden en “papel mojado” si no cuentan con una financiación suficiente.
Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), su presidente Ignacio Fernández-Cid denuncia que el anteproyecto se ha elaborado sin consultar a quienes gestionan el 75% de la oferta residencial y el 95% del servicio de ayuda domiciliaria en España. “Nos hemos enterado prácticamente cuando la reforma ya estaba decidida. Es inaceptable que se elabore un cambio normativo de esta envergadura sin consultar a quienes sostienen el sistema”, lamenta.
La Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) coincide en señalar la falta de consulta y participación en el proceso. Su presidente, Ignacio Gamboa, reconoce que la reforma era necesaria después de dos décadas de vigencia de la actual ley, pero critica que “echamos en falta la consulta y participación de actores claves en la actualización de esta ley, sindicatos, trabajadores, patronales y entidades que prestan los servicios en la ayuda a domicilio”.
Por su parte, Josune Méndez, secretaria general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), advierte de que los problemas actuales, como la excesiva burocracia y la lentitud en la gestión de los expedientes, no han sido abordados de manera efectiva. Además, insisten también en la falta de diálogo al afirmar que “no entendemos que no hayamos tenido acceso al texto hasta este momento y que no se haya tenido en cuenta nuestra opinión durante el proceso de desarrollo. Como mínimo, como agente clave que somos, se nos debía escuchar. Siendo fundamental en este momento el fortalecimiento del sistema de dependencia, desde AESTE lamentamos que no se haya trabajado el texto con los interlocutores sociales y que no se le esté dando al diálogo social la importancia que requiere en un contexto en que siempre nos hemos mostrado altamente comprometidos y en disposición de aportar”.
La financiación, el gran interrogante
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma, entre los actores consultados, es la ausencia de un compromiso financiero claro para sostener los cambios propuestos. Desde FED sostienen que para implementar cambios de calado en el sistema de dependencia es imprescindible un incremento de la financiación, algo que el anteproyecto no garantiza. “Se nos exige mejorar las condiciones laborales, aumentar los ratios de personal y mejorar la calidad del servicio, todo lo cual apoyamos plenamente. Pero, ¿cómo se supone que lo financiaremos si las tarifas siguen congeladas desde hace años? Nos hablan de obligaciones presupuestarias y de leyes de desindexación, pero lo cierto es que llevamos demasiado tiempo sin una actualización realista de la financiación. Así es imposible garantizar un servicio de calidad”, recalca Fernández-Cid.
En este sentido, desde ASADE, su presidente Ignacio Gamboa asegura que “sospechamos que la ley no resuelve el problema fundamental de la dependencia, que no es ni más ni menos que una financiación insuficiente. Sin ello, la nueva ley quedará en papel mojado”, concluye”.
En la misma línea se muestra la secretaria general de AESTE cuando afirma que “de la nueva ley nos preocupa que, una vez más, quede en saco roto. Nos inquieta profundamente que vengamos de una ley que reconocía unos derechos que estos años no hemos sido capaces de garantizar como sociedad, y que ahora, sin unos recursos económicos y humanos suficientes, estemos generando de nuevo unas expectativas que no seamos capaces de cumplir”.
Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que el Gobierno ha frenado el incremento de financiación estatal que había aplicado en años anteriores con el llamado “Plan de Choque”. Según esta entidad, en los últimos tres años, el Ejecutivo había aumentado en 600 millones de euros anuales la financiación a través de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en 2024 este refuerzo económico no se ha mantenido, lo que hace temer que la reforma no pueda aplicarse con garantías. La Asociación acusa al Gobierno de crear “derechos de papel” al no acompañar la reforma con el presupuesto necesario para su implementación.
Luces y sombras de la reforma
Desde el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs), también insisten en que mejorar la normativa sin incrementar la financiación es insuficiente. Así lo asegura su presidente, Rafael Sánchez, quien también exige a las administraciones el desarrollo de planes de acción de coordinación sociosanitaria. “Es absolutamente necesario que demos una respuesta a la atención sanitaria de las personas que viven en residencias”. Por su parte, Cintia Pascual, ex presidenta de la organización, celebra la eliminación de la incompatibilidad entre servicios, pero advierte de los riesgos de considerar el cuidado no profesional como un servicio más dentro del sistema, ya que esto perpetúa la sobrecarga sobre las mujeres, que representan el 92% de los cuidadores informales.
En referencia al régimen de incompatibilidades, desde AESTE, Josune Méndez asegura que suprimirlo “hace más viable la personalización de los cuidados, pudiéndose combinar varios servicios o prestaciones. Esta medida bien gestionada, permite dotar de más cobertura, sobre todo, a los cuidados en el entorno domiciliario, siempre y cuando se tengan en cuenta las intensidades que realmente necesita cada persona. Lo que nos preocupa, fundamentalmente, es que puedan existir los recursos económicos y humanos suficientes para toda la demanda existente, en tiempo y forma”.
Además, y respecto a la eliminación que recoge el texto del plazo suspensivo máximo de dos años que existe en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, desde AESTE añaden que “debemos procurar los apoyos necesarios a las personas dependientes y sus familiares cuidadores con la mayor celeridad posible. En este sentido, veremos con el tiempo si con esta medida se facilita un apoyo más inmediato a las familias que proporcionan cuidados mejorando así su calidad de vida, y favorece la permanencia en el domicilio de la persona dependiente durante más tiempo”.
En cuanto al derecho, al que se también se refiere el anteproyecto, de las personas en situación de dependencia a recibir una atención sanitaria sea cual sea el lugar de residencia en AESTE afirman que “se trata de un derecho fundamental que debe estar garantizado. Es imprescindible para asegurar una mayor equidad en el acceso a los servicios de salud de las personas dependientes, reduciendo la disparidad en los niveles de atención que pueden existir entre diferentes regiones. Además, es fundamental para asegurar una continuidad de atención independientemente de la ubicación de la persona en cada momento. Se trata de garantizar, en cualquier caso, que todos los ciudadanos, sin importar su dependencia o su ubicación geográfica, tengan acceso a los cuidados que necesitan”.
Por su parte, y respecto a la Ley de Discapacidad, desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) muestran una visión positiva de la reforma, al considerar que supone un avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, Daniel-Aníbal García Diego, secretario de Finanzas de la Confederación, también señala que el texto necesita mayor concreción en algunos aspectos, además de la financiación adecuada, y que será clave el desarrollo reglamentario posterior para garantizar su efectividad. “Esto es solo un anteproyecto de ley que tiene que pasar por todo un trámite de enmiendas en el Parlamento, y todavía queda mucho proceso”, recalca.
Un texto potencial, pero con muchas incógnitas
Si bien el anteproyecto de reforma de la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad introduce cambios que podrían mejorar la atención y el reconocimiento de derechos de las personas en situación de dependencia y discapacidad, a la denunciada falta de diálogo y a la ausencia de financiación, se suman numerosos interrogantes que generan dudas sobre su viabilidad.
Así, desde AESTE cuestionan algunas medidas propuestas, preguntándose si se ha considerado el grave déficit de profesionales que sufre el sector y cómo se garantizará la prestación efectiva de los nuevos servicios. “Se proponen nuevos servicios, se suprime la incompatibilidad entre los mismos, ¿pero cómo se va a financiar? ¿se ha tenido en cuenta el déficit de profesionales que sufre el sector? ¿quién y cómo va a prestar estos cuidados? Se promueven los cuidados en el domicilio pero ¿están garantizados unos cuidados profesionales acordes a las necesidades de las personas? ¿tendrán la intensidad suficiente como para que la persona que así lo elija pueda permanecer en su domicilio el tiempo que precise? Nos hacemos muchas preguntas que aún no tienen respuesta y esto nos inquieta”, plantean desde la Asociación.
Desde FED muestran similares preocupaciones al afirmar que uno de los principales problemas que enfrenta el sector es la escasez de profesionales cualificados, una situación que, según la Federación, el anteproyecto ignora por completo. “Actualmente no hay suficientes trabajadores para atender la creciente demanda, y no se están implementando políticas activas de empleo para atraer talento al sector”, advierte el presidente de la FED. Además, la reducción de la jornada laboral impulsada por el Gobierno agrava esta situación, ya que incrementará la necesidad de más profesionales, sin que haya un plan realista para su incorporación. “Nos preguntamos de dónde van a salir los profesionales que se necesitan. Sin abordar esta cuestión, cualquier reforma es papel mojado”, sentencia Fernández-Cid.
Asimismo, el presidente de FED se refiere también a la estrategia de desinstitucionalización promovida por el anteproyecto que, si bien en teoría busca favorecer la permanencia de los dependientes en su hogar, en la práctica se traduce en una demonización del sector residencial. “Es fácil decir que las personas dependientes deben envejecer en sus casas, pero la realidad es que, actualmente, un dependiente de grado 3 recibe de media solo 57 horas de ayuda domiciliaria al mes, claramente insuficientes”, explica Fernández-Cid. “La decisión sobre dónde envejecer debe recaer en los propios dependientes y sus familias, y no imponerse desde una visión ideológica que no atiende a la realidad del día a día de los cuidados”, concluye.
En los próximos meses, el texto deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que se incorporen enmiendas que respondan a las preocupaciones del sector y a las personas en situación de dependencia que siguen esperando soluciones concretas y efectivas que garanticen su derecho a una atención digna y de calidad.
