José Manuel Ribera Casado
Catedrático emérito de geriatría (UCM) y Académico de Número de la RANME
El pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó un documento titulado “Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización (2024-2030)”. Un título muy largo pero que, creo, expresa bien la finalidad que persigue. El tema de las residencias para personas mayores como el de los llamados “cuidados de larga duración” está de permanente actualidad desde hace décadas, pero, sobre todo, en los últimos años. A que esto sea así es muy probable que haya contribuido en gran medida el desastre que supuso la atención en residencias durante los tiempos de la Covid-19.
Se buscan nuevos modelos, formas más adecuadas y respetuosas con la calidad de vida para esa gran proporción de conciudadanos que, llegados a una edad avanzada, razones médicas o sociales impiden manejarse por sí mismos en sus domicilios de forma adecuada. Las respuestas, los intentos por superar el problema, han sido y son múltiples, van en muchas direcciones y comprometen no sólo a los interesados sino también a sus entornos socio-familiares, a los proveedores de servicios y a las administraciones.
El documento no se centra sólo en las personas mayores. Trata, entre otras cosas, de marco normativo, de financiación, de planificación, de dignidad y de buen trato. También del personal encargado de los cuidados, de equidad y de justicia. Nos habla de prevenir la institucionalización y de facilitar la desinstitucionalización. Propone normas concretas de actuación a través de lo que llama “ejes estratégicos”. También concreta una serie de objetivos. Imposible resumir aquí sus contenidos.
Este documento no es el único, ni el primero de su clase. Declaraciones de este tipo referidas al mundo residencial y sociosanitario se vienen produciéndose con regularidad desde hace muchos años por parte de instituciones varias, desde ONGs y fundaciones comprometidas con la persona mayor, hasta algunas empresas implicadas en el tema. Qué ahora se haga desde el máximo nivel de la administración no hace sino confirmar la importancia de esta cuestión. En la elaboración del texto han participado como consultores instituciones muy diversas, incluida la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología a través de su presidente, por más que su contenido final, como suele ocurrir en estos casos, haya dado lugar a discusión y controversias por parte de algunos de los sectores implicados.
Aprovecharé la circunstancia para destacar varios aspectos en relación con el tema. El primero y más obvio es constatar que el problema existe. Una sociedad que quiere ser justa nunca puede ignorarlo y debe asumir su responsabilidad a la hora de sugerir soluciones y a la de vigilar que las mismas se cumplan de forma adecuada. Debe evitar abusos y discriminaciones mediante los controles necesarios para un buen cumplimiento de las normas. Un punto de partida, aceptado por todos y recogido en el documento, es el de asumir esos principios tan de moda en estos momentos que nos hablan de “humanizar” y “personalizar” la atención tanto social como médica; de fomentar el respeto a los principios de la bioética, especialmente al referido a la autonomía de la persona.
Una sociedad que quiere ser justa nunca puede ignorar los problemas y debe asumir su responsabilidad a la hora de sugerir soluciones
Una cuestión abierta al debate es la de dónde y cómo ubicar a estas personas y sus cuidados. Cada vez son más las voces que priorizan aquellos lugares más acordes con lo que ha sido la vida anterior de los afectados. Intentar mantenerse “en casa” siempre que sea posible o buscar alternativas conceptualmente próximas, insistiendo en programas de apoyo domiciliario médicos y, sobre todo, sociales. Reestructurar las residencias, evitando los macronúmeros, fomentar las habitaciones individuales y convertir los centros en lo más parecido a lo que fuera su hábitat anterior. También arbitrar medidas eficaces en materia de salud e intentar prevenir en lo posible los traslados a hospitales al menor síntoma.
El documento, largo y extenso (86 págs.), sugiere muchas vías de mejora y supone un buen apoyo doctrinal para los colectivos implicados en el tema, siempre y cuando tenga continuidad y, sobre todo, llegue a ser operativo. Está muy bien que nuestras administraciones se comprometan en este campo, pero conviene recordar que hablamos de algo que nos afecta a todos como sociedad y que siempre obliga a asumir un compromiso individual y colectivo a cada uno de los ciudadanos con independencia del grupo etario donde estemos encuadrados.
