El Círculo Empresarial de Atencióna las Personas (CEAPs) y entidades representantes de más de 5 millones de personas han suscrito un manifiesto exigiendo al Gobierno que elimine “la injusticia histórica” que supone la existencia de un doble IVA en los Servicios Sociales, y pidiendo al resto de partidos políticos que “estén a la altura, se pongan al lado de las personas mayores, de las personas dependientes y de sus familiares” y apoyen una enmienda para su supresión.
Se considera una “justicia social” este IVA en servicios sociales, porque “es un derecho universal”, que “beneficia a los mayores dependientes y la economía”. Los firmantes, entre ellos CEOMA, la ONCE, UDP o CEDD, además de todas las patronales, reclaman que los usuarios de la Dependencia tributen al mismo tipo reducido del 4% de IVA por los servicios que requieran de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y/o atención residencial. Actualmente, el IVA que se paga es del 10% si el servicio se contrata de forma personal, mientras que por un idéntico servicio concertado o público se tributa al 4%.
Esa diferencia del 6% del IVA ocasiona un “grave perjuicio” a gran cantidad de usuarios, que se ven obligados a pagar de media un sobrecoste anual de 1.520 euros.
Resulta especialmente injusto para esas más de 320.000 personas que, por “ineficacia del sistema público”, se encuentran sumidas en el ‘limbo’. Mientras esperan a que la administración resuelva su expediente y le conceda una plaza pública o concertada para sus cuidados o una PEV (Prestación Vinculada al Servicio), se ven forzados a pagarán de su bolsillo el 100% del precio de una plaza privada y, además, se ven doblemente penalizadas, al tener que abonar un 10% de IVA.
Igualdad y discriminación
“No tiene explicación que un mismo servicio, prestado en un mismo lugar y a una misma persona, tenga una tributación diferente y que la atención a la dependencia sea considerada un lujo cuando es un servicio de primera necesidad”, ha sostenido la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, durante la presentación del manifiesto impulsado por el Círculo Empresarial de Atención a Personas y abierto a la adhesión de cualquier persona que considere necesario que todos los usuarios de la Dependencia tributen al mismo tipo reducido del 4%, con independencia de quién presta o financie el servicio.
Para CEAPs, esta diferencia de IVA conculca el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española y el principio de universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, que recoge la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Beneficio para los usuarios y la economía
Igualar el IVA al 4% no solo permitiría aliviar la situación económica de muchas personas dependientes, sino que animaría a muchos de quienes necesitan cuidados a contratar servicios profesionales. Eso conllevará una mejora en la ocupación de los centros, se producirán nuevas contrataciones de personal, con el consiguiente aumento de las cotizaciones, y se reducirá el número de parados de una forma directa, consiguiendo así un ahorro en las prestaciones por desempleo.
Por consiguiente, se mejoraría la recaudación del Estado y se crearía un número elevado de nuevos empleos estables y no deslocalizables, así como un gran volumen de recursos asistenciales. No hay que olvidar que por cada dos usuarios se produce aproximadamente una contratación, incorporando perfiles con alto riesgo de exclusión laboral, como mujeres de mediana edad y con formación profesional básica.
Informe de atención en residencias
Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, y por Ester Brullet, economista BNFIX PICHTAX Legal Audit, han presentado el informe ‘La atención residencial en el marco de la Dependencia en España’., que sustenta esta petición.
Según este estudio, el sector de atención residencial se configura como uno de los “más dinámicos dentro del sector servicios” lo que, unido a la necesidad de ampliar su dimensión, implica la necesaria creación de muchos puestos de trabajo. Así, si el gasto alcanzase el 1,65% del PIB (como en la media de la OCDE) y considerando que se generan 41 empleos por millón de euros invertidos, estaríamos hablando de algo más de 900 mil empleos totales, lo que supone triplicar los existentes. Eso sin contar, los nuevos requisitos de profesionales por plaza establecidos en el acuerdo de Acreditación.
